La justicia, en manos del Gobierno: así planea Sánchez controlar las investigaciones
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en segunda vuelta, el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), una ambiciosa reforma que pretende cambiar el modelo penal en España y trasladar la instrucción de los delitos desde los jueces a los fiscales. Con esta medida, el Ministerio Fiscal pasará a dirigir todas las investigaciones penales y contará, además, con la policía judicial bajo su mando directo, incluida la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la UDEF de la Policía Nacional, según publica El Mundo.
El proyecto, impulsado por el Ministerio de Justicia que dirige Félix Bolaños, no tiene garantizados los apoyos necesarios en el Parlamento, ya que la oposición considera que supone un ataque frontal a la independencia judicial y un intento de politizar aún más la justicia.
Un modelo que entrega más poder a los fiscales
Según el texto presentado, la Fiscalía asumirá la instrucción penal y los jueces de instrucción desaparecerán, quedando relegados a un papel de control de garantías. El objetivo, según el Gobierno, es agilizar los procedimientos y modernizar el sistema penal, aunque numerosos juristas y asociaciones judiciales advierten de que la reforma rompe el equilibrio entre el poder judicial y el Ejecutivo.
La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que los fiscales dirigirán la investigación y coordinarán a las unidades policiales especializadas, como la UCO o la UDEF, que pasarán a actuar bajo sus órdenes directas. Sin embargo, esta modificación ha levantado sospechas en el sector judicial, que teme que el Gobierno de Pedro Sánchez busque controlar las investigaciones más sensibles, especialmente aquellas que afectan a su entorno político.
Un Ministerio Fiscal reformado y más vinculado al Ejecutivo
Para adaptar la Fiscalía a sus nuevas competencias, la ley incluye una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Público. Entre las novedades, se amplía el mandato del fiscal general del Estado de cuatro a cinco años, y se desvincula formalmente del cese del Gobierno. Sin embargo, las asociaciones judiciales denuncian que esta medida es una falsa independencia, ya que la actual cúpula fiscal ha sido colonizada por perfiles afines al PSOE durante los mandatos de Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz, ambos nombrados por Sánchez.
Aunque el texto prohíbe expresamente que el Ejecutivo pueda dar instrucciones al Ministerio Fiscal sobre casos concretos, se permitirá el envío de comunicaciones generales que serán públicas y registradas. Críticos con la reforma subrayan que este sistema podría abrir la puerta a injerencias veladas y a un mayor control político de la Fiscalía.
La UCO y la UDEF, bajo el mando fiscal
Una de las medidas más polémicas es la que coloca a la UCO de la Guardia Civil y a la UDEF de la Policía Nacional bajo las órdenes de los fiscales. Hasta ahora, estas unidades dependían funcionalmente de los jueces de instrucción, lo que garantizaba una investigación judicial independiente. Con la nueva ley, los fiscales dirigirán las pesquisas y decidirán qué pasos dar, aunque bajo la supervisión de un juez de garantías encargado de proteger los derechos fundamentales y autorizar medidas como registros o detenciones.
El nuevo esquema también introduce la figura del juez de audiencia preliminar, encargado de decidir si un caso pasa o no a juicio, y un tercer juez que instruirá la vista oral. Según el Gobierno, esta división pretende reforzar la imparcialidad y evitar duplicidades, pero para la oposición y numerosos magistrados, el cambio erosiona la separación de poderes.
Críticas por el control de la Fiscalía
Las asociaciones judiciales alertan de que el Gobierno busca blindar su influencia en la Fiscalía durante los próximos años, ya que los miembros de la Junta de Fiscales de Sala —el órgano más alto del Ministerio Público— permanecen en sus cargos hasta los 72 años. La mayoría de ellos han sido nombrados durante los mandatos socialistas, lo que garantizaría a Sánchez una Fiscalía de orientación progresista incluso si cambia el signo político del Gobierno.
Además, el proyecto limita el uso de la acusación popular, excluyendo de su ejercicio a partidos políticos, sindicatos y asociaciones vinculadas a ellos. Este punto ha generado rechazo entre juristas y formaciones políticas, que lo ven como un intento de restringir la participación ciudadana en casos de corrupción y delitos económicos.