Feijóo sella en Murcia la estrategia del PP: inmigración, igualdad, agua e infraestructuras en el centro del debate

El Partido Popular ha escenificado este fin de semana en la Región de Murcia una de sus grandes citas de la legislatura. En un encuentro con sus presidentes autonómicos y la cúpula nacional, Alberto Núñez Feijóo presentó y firmó la “Declaración de Murcia”, un documento de 15 páginas en el que los populares fijan sus posiciones comunes en torno a cuatro ejes clave: igualdad, inmigración, infraestructuras y sector primario.

El escrito no solo es un decálogo programático: es también un golpe político contra Pedro Sánchez, a quien el PP acusa de haber convertido a su Gobierno en un «lodazal ético y político» marcado por la corrupción y los casos judiciales que afectan a su entorno más cercano.

Inmigración: expulsión de delincuentes y visado por puntos

Uno de los apartados más destacados del documento es la inmigración, donde los populares reclaman “tolerancia cero con el delito”. Según la Declaración, «la pérdida de residencia debe ser automática cuando un inmigrante incurra en delitos graves y la reincidencia no puede ser compatible con la permanencia en España».

El texto subraya que España ha sumado 1,5 millones de extranjeros en solo cuatro años, hasta alcanzar los siete millones (el 14 % de la población). Ante ello, el PP critica la falta de «una política migratoria eficaz» y rechaza tanto la permisividad de «que entre quien quiera» como los mensajes de «expulsarlos a todos».

Feijóo, en su intervención, fue más allá y anunció un nuevo visado por puntos para regular la entrada de inmigrantes, priorizando a «quienes vengan a trabajar en sectores con falta de mano de obra, quienes mejor conozcan nuestra cultura y quienes tengan mayor capacidad de integración».

Sobre los menores extranjeros no acompañados, los populares exigen al Gobierno central que asuma su responsabilidad directa en la atención y financiación de estos jóvenes y que, siempre que sea posible, «promueva el retorno y la reunificación familiar en los países de origen».

Pulseras antimaltrato: una auditoría externa y la dimisión de la ministra

En materia de igualdad y violencia de género, la Declaración de Murcia denuncia el «retroceso» sufrido en los últimos años y carga contra el Ministerio de Igualdad por el escándalo de las pulseras antimaltrato defectuosas.

«Reafirmamos nuestro compromiso con las mujeres que sufren violencia machista, que han tenido la valentía de denunciar y cuya situación extremadamente vulnerable no admite ningún fallo», señala el documento.

El PP exige «la inmediata destitución de la ministra de Igualdad», Ana Redondo, como «responsable directa de la gestión negligente del sistema COMETA». Además, reclama una auditoría independiente que aclare cómo se adjudicó el contrato, cómo se implantó y qué seguimiento se ha hecho.

Infraestructuras: recuperar compensaciones del AVE y plan nacional

El PP también coloca las infraestructuras en el centro del debate. La Declaración denuncia el «caos ferroviario» que viven millones de usuarios, con retrasos en la alta velocidad, líneas de cercanías colapsadas y servicios cancelados.

Ante ello, el PP propone recuperar las indemnizaciones por retrasos del AVE y media distancia eliminadas por el actual Gobierno y plantea la elaboración de un Plan Nacional de Infraestructuras consensuado con las comunidades autónomas y entidades locales.

Feijóo se comprometió a presentar antes de las próximas elecciones generales una propuesta detallada de inversiones en cada autonomía y a dar cuenta trimestralmente de los avances en ejecución si llega a La Moncloa.

Agua y sector primario: un pacto nacional como política de Estado

La Declaración de Murcia dedica un apartado central al agua, con la propuesta de un Pacto Nacional que blinde la planificación hídrica como política de Estado.

El texto aboga por invertir en infraestructuras hídricas, modernización de regadíos y técnicas de reutilización, con el objetivo de reducir la huella hídrica y energética.

Respecto al sector primario, el PP denuncia la «asfixia fiscal» del Gobierno de Sánchez y propone una Ley de Fiscalidad Agraria que reconozca al campo como sector estratégico y favorezca el emprendimiento rural.

La ofensiva política contra Sánchez

El documento arranca con un diagnóstico muy crítico sobre el Ejecutivo socialista: «Es insostenible la continuidad de un Gobierno que la Justicia señala por el amaño de contratos, el cobro de mordidas, los servicios de prostitución contratados con dinero público o el uso de la Moncloa como centro de negocios».

Los populares denuncian además «la deriva autoritaria» de Sánchez contra jueces, fiscales y periodistas, y reivindican la independencia de las instituciones frente a lo que consideran «intentos de tapar la corrupción del entorno personal del presidente».