La Audiencia Nacional ha decidido reabrir el caso del asesinato del concejal del PP Jesús María Pedrosa en Durango. Un informe explosivo de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, revelado por OKDiario, ha sacado a la luz nuevas pruebas que vinculan directamente a Francisco Javier García Gaztelu, más conocido como Txapote, y a otros altos mandos de ETA con este crimen que conmocionó a España hace 23 años.

El informe de inteligencia detalla cómo Txapote, quien lideraba el aparato militar de ETA en ese momento, dio órdenes específicas para el asesinato de Pedrosa. José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri, recibió instrucciones directas para que su comando ejecutara el ataque, con una orden escalofriante: "dispararles en la cabeza" a los políticos del PP. Este nuevo giro en la investigación se produce mientras Txapote ya cumple condena en prisión por el asesinato de 13 personas, incluyendo el caso emblemático de Miguel Ángel Blanco.

La reapertura del caso, impulsada por una querella de la Asociación Dignidad y Justicia, busca arrojar luz sobre los oscuros mecanismos y estrategias de ETA. El juez Francisco de Jorge, de la Audiencia Nacional, ha pedido diligencias adicionales para establecer con precisión

la cadena de mando dentro de ETA en el momento del atentado y para identificar a todos los responsables del asesinato de Pedrosa, quien se había negado a aceptar escolta a pesar de las amenazas previas de la banda terrorista.

El caso de Pedrosa, el octavo concejal del PP asesinado por ETA en un período de cinco años y medio, se convierte ahora en símbolo de una era de violencia política en España. El informe revelado pone de relieve no solo la brutalidad de estos actos, sino también la meticulosa planificación y la determinación de la banda terrorista por sembrar el terror y la desestabilización.

El informe secreto, obtenido por OKDiario, ofrece una mirada inédita a la estructura interna y las decision

es de ETA durante aquellos años críticos. Describe cómo la cúpula terrorista, conocida como el Comité Ejecutivo o Zuba, no solo proporcionaba los medios para realizar los ataques, sino que también marcaba objetivos políticos específicos, en este caso, miembros del PP, a quienes consideraban "responsables de la opresión de Euskal Herria".

Además, el documento policial sugiere que había una "orden expresa" de asesinar a políticos del PP como parte de una "estrategia de desestabilización" del Estado. Esta estrategia, definida por los propios terroristas, buscaba intensificar la confrontación con el Estado español en todos los niveles.

Las revelaciones de este informe no solo podrían llevar a Txapote a enfrentar nuevos cargos, sino que también prometen abrir una ventana a la comprensión de uno de los períodos más oscuros de la historia reciente de España. La sociedad española, aún sanando las heridas de aquellos años de terror, observa con atención cómo se desarrolla este caso, buscando justicia y verdad en medio de un pasado aún doloroso.