En un giro revelador, la Guardia Civil ha descubierto nuevas pruebas que implican a Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, en el asesinato del directivo de Michelin Luis María Hergueta Guinea en 1980, un crimen que conmocionó a la comunidad de Vitoria y cuya autoría intelectual había quedado sin resolver.

Arnaldo Otegi, figura prominente del panorama político vasco, fue visto facilitando información crucial a los miembros de ETA que más tarde asesinarían a Hergueta. Esta información fue obtenida mediante el secuestro y posterior interrogatorio de Luis Abaitua, director de planta en Michelin, quien estuvo nueve días cautivo en condiciones extremas.

Los agentes de la Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), han trabajado incansablemente para arrojar luz sobre este caso oscurecido por el tiempo. El asesinato de Hergueta, ejecutado fríamente por disparos en la nuca, fue perpetrado con base en los conflictos laborales de la época, según reivindicaciones posteriores de ETA-pm.

A pesar de que el papel de Otegi en el asesinato no había sido formalmente reconocido hasta ahora, la investigación ha demostrado que su colaboración fue decisiva. La captura y el interrogatorio a Abaitua no solo facilitaron el crimen sino que marcaron un precedente sombrío en la historia de la violencia política en España.

El caso, que había cerrado con la condena de dos trabajadores de Michelin por colaboración y la absolución de otros sospechosos, incluido José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, alias Josu Ternera, ha sido reabierto gracias a estos hallazgos. La implicación de Otegi plantea nuevas preguntas sobre las conexiones entre la política y el terrorismo armado en los años más violentos del conflicto vasco.

El actual socio del gobierno de Pedro Sánchez se ve ahora enfrentado a un escrutinio renovado, justo cuando las tensiones políticas sobre el pasado violento de España vuelven a ser palpables en el ambiente político nacional. Con los documentos ahora expuestos, las autoridades judiciales deben decidir los siguientes pasos en un caso que podría alterar significativamente el panorama político actual.

El Gobierno ha intervenido en la investigación, ordenando la eliminación de las referencias a Otegi en los informes policiales, un movimiento que ha generado controversia y debate sobre la independencia de las investigaciones criminales en España. La implicación directa del fiscal general del Estado y las dilaciones en la presentación de una querella han intensificado el debate sobre la transparencia y la justicia en casos de alto perfil.

La Audiencia Nacional, que ha seguido las prolongaciones y ajustes en la investigación, se enfrenta ahora a la tarea de integrar estas nuevas evidencias en un marco legal que ha cambiado considerablemente desde los años de plomo de la actividad de ETA. Con el nuevo gobierno de Sánchez apoyado por Bildu, los resultados de esta investigación podrían tener repercusiones no solo judiciales sino también electorales.