El barrio beirutí de Tayoune, convertido el jueves en el frente de batalla de hombre armados chiíes y sus adversarios todavía sin identificar, y en el que murieron siete personas y más de 30 resultaron heridas, trata de volver hoy a la normalidad en medio de un fuerte despliegue militar y entre temores a un nuevo estallido de violencia en la capital libanesa.

El ataque por parte de francotiradores contra seguidores de los partidos chiíes Amal y Hizbulá cuando se dirigían a una protesta para pedir la destitución del juez que investiga la explosión de 2020 en Beirut, junto con los disturbios que desencadenó el tiroteo, también han disparado la preocupación por el futuro de esa investigación judicial.

En Tayoune, muchos de los comercios cercanos a la carretera principal en la que ayer se concentraron los choques armados permanecen cerrados y con las rejas bajadas para cubrir el vacío de las vidrieras estalladas, mientras en otros los tenderos se afanan en arreglar los destrozos.

Frente a dos edificios con las fachadas cubiertas por agujeros dejados por las balas, varias cajas de cartón acumulan grandes cantidades de cristales rotos y diversos soldados montan guardia junto a sus vehículos militares.

FUNERAL POR LOS MANIFESTANTES

A pocos kilómetros, en el área chií de Ghobeiry, a las afueras de Beirut, una multitud despidió hoy a los manifestantes fallecidos en el ataque de francotiradores, cuyo número exacto se desconoce, pues las autoridades y servicios médicos solo han ofrecido el balance total de víctimas de la jornada: siete muertos y más de 30 heridos.

Los asistentes a la marcha funeraria dispararon al aire para honrar a las víctimas e incesantes ráfagas, algunas de ellas que parecían proceder de armas al menos medianas, y que se pudieron oír en las calles adyacentes, según pudo constatar Efe.

"Fueron asesinatos premeditados y el partido de las Fuerzas Libanesas los llevó a cabo. Estamos ante una emboscada que no tuvo como objetivo a combatientes sino a civiles", denunció en un discurso durante el funeral el presidente del Consejo Ejecutivo de Hizbulá, Hashem Safi al Din.

La autoridades libanesas no han identificado públicamente a los francotiradores que atacaron a los partidarios de Amal y Hizbulá, pero ambas formaciones han acusado a "grupos" de las Fuerzas Libanesas, el segundo bloque cristiano del Parlamento y una antigua milicia que operó durante la guerra civil libanesa (1975-1990).

También se desconoce quiénes eran los rivales con los que poco después se enfrentaron durante horas los hombres armados leales a estos partidos chiíes, que de nuevo han señalado a personas vinculadas a las Fuerzas Libanesas.

Al Din recordó que la manifestación a la que se dirigían los fallecidos en la acción inicial, convocada por su grupo y su aliado Amal, era "pacífica" y prometió que vengarán "la sangre derramada en la masacre de ayer".

"Sabemos cómo preservar la causa de la sangre derramada y sus derechos, y los próximos días serán testigo de ello", clamó desde las calles de Ghobeiry.

IMPACTO EN LA INVESTIGACIÓN

Amal y Hizbulá se oponen a que el magistrado Tarek Bitar, al que no consideran imparcial y "politizado", continúe al frente de la investigación sobre la deflagración, en agosto de 2020, de varias toneladas de nitrato de amonio que estaban guardadas en un almacén del puerto de Beirut y que causó más de 200 muertos y 6.500 heridos.

Gilbert Abi Aboud, abogado de la familias de una de las víctimas de la explosión, consideró en declaraciones a Efe que los acontecimientos del jueves estaban dirigidos "a meter presión al magistrado Bitar" o "empujar al Gobierno a tomar medidas en su contra".

Sin embargo, el letrado no cree que Bitar vaya a dimitir a estas alturas y explicó que el Gabinete de Ministros carece de poder legal para destituirle pese a las presuntas presiones políticas por parte de las formaciones chiíes, con varios ministros en el Ejecutivo.

Varios exministros y parlamentarios de Amal son sospechosos o están imputados por negligencia en relación con la explosión de Beirut, y en las últimas semanas han presentado una serie de demandas en las que piden el cese del juez, lo que ha obligado a suspender la instrucción en dos ocasiones.

Preguntado por estas demandas, Aboud apuntó que los políticos sabían que iban a ser desestimadas, pero elevaron sus quejas igualmente para ganar tiempo hasta el 19 de octubre, cuando el Legislativo celebra su próxima sesión ordinaria y los diputados recuperan su inmunidad.

Sin embargo, abrió la puerta a un posible rodeo legal: "el artículo 97 del reglamento interino del Parlamento dice que si un diputado es sorprendido en flagrante delito -aquel que se lleva a cabo en ese preciso momento-, la acusación continuará durante las sesiones siguientes", afirmó.