La Agencia Tributaria ha elevado a 7,6 millones de euros los fondos transferidos por el FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, y su hijo, según un informe de la Guardia Civil entregado al juez Joaquín Aguirre. La investigación se centra en presuntos delitos como cohecho o corrupción deportiva. La cantidad corregida, que inicialmente se estimaba en 7,3 millones de euros, ahora se distingue entre lo declarado oficialmente (7,5 millones) y lo imputado (7,6 millones). Este resumen abarca los desembolsos desde el 2001 hasta el 2018.

La Guardia Civil ha solicitado al juez que requiera los extractos de 72 cuentas en ocho bancos, pertenecientes a Enríquez Negreira, su actual pareja, su hijo, y siete empresas, incluyendo Dasnil 95, Nilsad y Soccercam. Estas tres empresas habrían recibido fondos del FC Barcelona por servicios de asesoramiento arbitral. El juez Aguirre ha aceptado esta petición en el contexto de una ampliación de la investigación al delito de blanqueo de capitales.

La Guardia Civil sostiene que las operaciones bancarias de Enríquez Negreira e hijo podrían estar asociadas a la ocultación de fondos recibidos por el Barça, respaldando esta afirmación con explicaciones "nulas, incorrectas y contradictorias" proporcionadas por los acusados durante el proceso judicial.

El informe también destaca la posible participación de testaferros en la ocultación de fondos, considerando que Enríquez Negreira podría haber canalizado parte de los fondos a través de personas cercanas. Se subraya la influencia del exdirigente arbitral en decisiones del Comité Técnico de Árbitros, especialmente en evaluaciones para ascensos o descensos arbitrales y en la designación de colegiados internacionales.

El hijo de Enríquez Negreira, Javier Enríquez Romero, ha sido mencionado en el informe en relación con facturaciones a tres empresas de Josep Contreras Arjona, exdirectivo fallecido del club base del FC Barcelona. Estas empresas, a su vez, refacturaron a la entidad por los servicios de Enríquez Romero, quien alegó que esta operativa buscaba desvincular el apellido de su padre del Barça, explicación que la Guardia Civil considera carente de sentido.