La situación actual entre España e Israel ha alcanzado niveles de desconcierto y consternación por parte del gobierno israelí, principalmente debido a la postura del presidente español, Pedro Sánchez, quien utilizó un lenguaje ambiguo al referirse al ataque y brutal bombardeo como un «acontecimiento». Esta falta de condena explícita hacia Irán y la percepción de equidistancia entre el agresor (Irán) y el agredido (Israel) ha generado indignación en el gobierno israelí liderado por Benjamín Netanyahu.

La tensión diplomática se ha intensificado, reabriendo antiguas heridas, especialmente dada la postura previa de España a favor de Palestina. Las declaraciones de Sánchez, expresando sus «francas dudas» sobre el cumplimiento del derecho internacional humanitario por parte de Israel, han exacerbado la crisis diplomática, interpretadas como un ataque directo a la integridad y legitimidad de Israel, llevando a la retirada de la embajadora israelí en España.

La ausencia de una respuesta unificada dentro del Gobierno español, con la mayoría de los ministros optando por la abstención o limitándose a retuitear la rectificación de Sánchez, contrasta con la rápida condena expresada por otras potencias occidentales. La falta de comunicación oficial ha generado interrogantes sobre la posición de España en el escenario internacional.

Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, ha expresado una firme condena ante el ataque, resaltando la importancia de la solidaridad internacional y la defensa de los valores democráticos.

El apoyo de la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, y Francia a Israel, contrasta con la tardía y ambigua reacción de España, destacando las diferencias dentro de Europa respecto al manejo de la diplomacia en crisis internacionales.

La gestión de la seguridad interna y las relaciones exteriores de España, especialmente con Marruecos, ha suscitado preocupaciones sobre la vulnerabilidad del país frente a actividades criminales, cuestionando la efectividad de la estrategia de seguridad nacional en un momento de tensión creciente tanto dentro como fuera de sus fronteras.

La falta de una condena explícita de España plantea interrogantes sobre su posición y estrategia en el contexto de la política exterior occidental. Este acto no solo revela las tensiones internas en España, sino que también podría influir en su imagen internacional y sus relaciones diplomáticas futuras. Mientras el mundo observa, la consistencia de la respuesta occidental frente a agresiones como la de Irán será crucial para la percepción de una postura unida contra las violaciones de la paz y la seguridad internacionales.

EL PODER DE LAS MAFIAS COMO LA ITALIANA, UNA PRESENCIA CASI AUTÓCTONA. Desde los años 80, España se ha convertido en un segundo hogar para las mafias, sobre todo como la italiana, pero también rusa y marroquí. Todas las principales organizaciones criminales de Italia -la Cosa Nostra y la Stidda de Sicilia, la Camorra de Nápoles, la ‘Ndrangheta de Calabria y la Sacra Corona Unita de Apulia’- han establecido operaciones significativas en nuestro país.

Un claro ejemplo de esta integración y adaptación es la Camorra. El auge turístico y la burbuja inmobiliaria de los primeros años del siglo XXI facilitaron que esta mafia invirtiera masivamente en el litoral español. En las Islas Canarias, por ejemplo, operaciones recientes han puesto al descubierto esquemas de lavado de dinero que manejan millones de euros, evidenciando la profundidad de su infiltración económica y social en España.

La familia Polverino, una ramificación del clan Nuvoletta, se ha hecho notablemente prominente, controlando el tráfico de hachís desde Marruecos hacia Nápoles con una base operativa establecida en España desde 2007. 

Bajo la dirección de Giuseppe Polverino, alias «O Barone», han acumulado propiedades y negocios que les sirven tanto para lavar dinero como para asegurar logística y refugio en el país.

La cooperación internacional, especialmente entre la Guardia Civil española y los Carabinieri italianos, ha sido fundamental en la lucha contra estas redes. Operaciones conjuntas han resultado en la detención de numerosos miembros de estas mafias y el desmantelamiento de algunas de sus estructuras más importantes en España.

A pesar de estos esfuerzos, el problema persiste y se expande, con nuevas generaciones y estructuras que continúan operando y adaptándose a los cambios en el entorno legal y social de España. 

Las autoridades enfrentan un reto constante para combatir estas organizaciones que, aunque extranjeras, operan con una influencia y capacidad que rivaliza con sus bases en Italia, y con menos recursos cada año, se hace difícil combartirlas.