Italia endurece su legislación penal: hasta siete años de cárcel por okupación y sanciones a protestas pacíficas

El Gobierno de Giorgia Meloni ha aprobado este miércoles un nuevo decreto de seguridad que introduce 14 nuevos tipos penales, refuerza las competencias de la policía y endurece penas por delitos relacionados con el orden público, la inmigración, las manifestaciones y la okupación de viviendas privadas.

La norma fue respaldada por ambas cámaras del Parlamento: primero por la Cámara de Diputados (163 votos a favor, 91 en contra y una abstención) y este miércoles por el Senado, que aprobó el texto con 109 votos favorables, 69 en contra y una abstención.

“Con este decreto reforzamos la protección de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables”, declaró la primera ministra Giorgia Meloni, quien defendió que su Ejecutivo protege “a las familias, los ancianos y los propietarios honestos”, además de dotar de nuevas herramientas a las fuerzas del orden.

Sin embargo, la oposición progresista ha reaccionado con fuerza, calificando la ley de “autoritaria” y “anti democrática”. Parlamentarios del Partido Democrático (PD) organizaron una sentada en el centro del hemiciclo del Senado, en señal de protesta. Francesco Boccia, presidente de los senadores del PD, denunció que “este decreto es lo más lejano a nuestra cultura democrática”.

Manifestaciones pacíficas, penalizadas

Uno de los artículos más controvertidos del decreto establece que bloquear calles, plazas, vías férreas o servicios públicos durante una protesta —incluso si esta es pacífica— será sancionado con penas de hasta seis años de prisión. No se diferencia entre acciones violentas y no violentas, lo que ha llevado a la oposición a bautizar la ley como “anti-Gandhi”.

En un contexto de superpoblación carcelaria y preocupación por la tasa de suicidios en prisión, la norma también penaliza con hasta cinco años de prisión la instigación a revueltas o la desobediencia a normas carcelarias, especialmente en centros de detención de inmigrantes.

Además, se criminaliza la resistencia pasiva dentro de centros penitenciarios, ampliando así el margen de intervención de la policía penitenciaria.

Golpe legal a la okupación

Uno de los puntos clave del nuevo marco legal es su dureza frente a la okupación de viviendas. El decreto tipifica como delito la “ocupación arbitraria de inmueble destinado a domicilio ajeno” con penas de dos a siete años de prisión. La policía judicial podrá ordenar desalojos inmediatos, incluso sin autorización de un juez. Se contempla una reducción de condena si los ocupantes colaboran con las autoridades y abandonan el inmueble voluntariamente.

Infiltración en mafias y terrorismo

La nueva legislación otorga más poder a los servicios de inteligencia italiana, que podrán infiltrarse en organizaciones criminales y terroristas. También se incluyen nuevos delitos por poseer manuales o material sobre cómo fabricar explosivos o realizar ataques contra instituciones del Estado.

La medida refuerza la imagen interna de Meloni como una líder de “mano dura”, aunque contrasta con su tono más moderado en el plano europeo. El decreto llega en un contexto de auge de la derecha populista en Europa, donde Meloni juega un papel cada vez más influyente.

La ley ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos, colectivos sociales y juristas, quienes advierten de un retroceso en libertades fundamentales y de una criminalización de la protesta social.