Zapatero pierde el control: Anticorrupción le corta el acceso al 'caso Plus Ultra'
José Luis Rodríguez Zapatero ha dejado de tener bajo control la investigación judicial sobre el rescate de Plus Ultra. La Fiscalía Anticorrupción y la juez Esperanza Collazos han adoptado una decisión excepcional: romper el circuito interno de información dentro de la Policía Nacional y ordenar que los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) informen directamente al Ministerio Público y al juzgado, sin pasar por sus superiores jerárquicos.
La medida, de carácter extraordinario, se ha tomado tras la exclusiva publicada por THE OBJECTIVE sobre la existencia de una «explosión controlada» en el procedimiento, con el objetivo de evitar filtraciones y blindar unas diligencias que permanecen bajo estricto secreto de sumario. «Esta decisión se ha tomado gracias a la información publicada, de ahí la importancia del periodismo para realizar denuncias sin sufrir represalias; de lo contrario, la investigación habría terminado en aguas de borrajas», señala una fuente policial a este medio.
El comisario de confianza de Zapatero, apartado de la causa
La consecuencia inmediata del cambio es clara: el comisario Segundo Martínez, considerado por diversas fuentes policiales como un hombre de máxima confianza del expresidente, ha quedado al margen de la investigación. Con él, también Zapatero. Según ha podido saber en exclusiva THE OBJECTIVE, el exjefe del Ejecutivo desconoce en estos momentos qué líneas concretas se están investigando, qué documentación obra ya en poder de los agentes y hasta qué punto los registros practicados el pasado 11 de diciembre pueden comprometerle directa o indirectamente.
Este escenario supone un cambio inédito para alguien que, según fuentes policiales, había demostrado durante años una notable capacidad para anticiparse a los movimientos judiciales y conocer con antelación el estado de las investigaciones sensibles que afectaban a su entorno.
Nerviosismo por la documentación incautada
El giro en el caso ha generado un evidente nerviosismo entre los investigados. Durante los registros del 11 de diciembre, practicados tanto en la sede de Plus Ultra como en domicilios y despachos vinculados a la trama, la Policía se incautó de abundante documentación comprometedora.
Según las fuentes consultadas, Zapatero sigue con especial inquietud el análisis de ese material, ante el temor de que alguno de los documentos le señale directamente o a través de intermediarios en las gestiones que desembocaron en el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea en 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), gestionado por la SEPI.
La diferencia respecto a fases anteriores es sustancial: el expresidente carece ahora de información fiable sobre el contenido real de las diligencias y el sentido de las conclusiones preliminares.
Secreto de sumario prorrogado y diligencias sensibles
Otro factor que ha incrementado la preocupación en el entorno de Zapatero es la decisión de la juez Esperanza Collazos de prorrogar el secreto de las actuaciones, pese a que los investigados ya han prestado declaración. Juristas consultados subrayan que se trata de una medida poco habitual, que suele adoptarse cuando quedan diligencias sensibles por practicar o cuando levantar el secreto podría frustrar nuevas líneas de investigación.
Esta prórroga refuerza la tesis de que la causa está lejos de cerrarse y de que los investigadores manejan hipótesis aún no conocidas públicamente.
Anticorrupción corta el flujo de información
La orden de Anticorrupción y de la magistrada instructora supone una ruptura deliberada con el funcionamiento habitual de la cadena de mando policial. Hasta ahora, los informes de la UDEF seguían un recorrido jerárquico clásico: superiores directos, Comisaría General de Policía Judicial y, finalmente, la cúpula operativa del cuerpo.
Según fuentes tanto de la Guardia Civil como de la propia Policía Nacional, ese circuito permitía conocer el estado de las investigaciones e incluso condicionar su desarrollo en casos especialmente sensibles. En el caso Plus Ultra, ese esquema ha quedado en suspenso: los agentes tienen instrucciones expresas de no compartir avances, indicios ni documentación con ningún mando intermedio.
Una causa que vuelve a crecer
La reapertura del caso Plus Ultra por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid —tras su archivo en enero de 2023 por un error procesal— se produjo después de la aparición de nueva documentación y nuevos indicios. Desde entonces, la investigación ha avanzado con rapidez: registros, detenciones, análisis forense de dispositivos y ahora un cierre casi hermético de la información.
La UDEF investiga un presunto delito de blanqueo de capitales vinculado al rescate público de la aerolínea, así como posibles comisiones encubiertas derivadas de la mediación política que permitió considerar a Plus Ultra empresa estratégica, pese a su peso marginal en el tráfico aéreo español. En ese contexto, Julio Martínez Martínez, empresario detenido y señalado como presunto testaferro de Zapatero, ocupa un lugar central en las diligencias.
Zapatero, a ciegas
Desde la detención de Martínez, Zapatero ha optado por el contacto cero con quien los investigadores sitúan como su presunto intermediario. Sin embargo, por primera vez, esa estrategia defensiva se ve acompañada de un factor decisivo: la falta total de información.
El expresidente ya no controla los tiempos ni el contenido de la investigación. Para las fuentes policiales consultadas, ese es el dato clave del momento procesal. En una causa que amenaza con seguir creciendo, la pérdida de control supone un cambio de escenario con consecuencias imprevisibles.
