La UCO vincula a Francina Armengol con la red de contratos investigada por el Supremo
La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, se ha visto involucrada en una investigación de la Guardia Civil que podría tener consecuencias institucionales de primer orden. Según ha revelado El Debate, la Unidad Central Operativa (UCO) ha documentado reiterados contactos entre Armengol y José Ruz, empresario actualmente investigado por el Tribunal Supremo en el marco de una presunta red de adjudicaciones públicas irregulares vinculadas al entorno del PSOE.
Registros y hallazgos: el vínculo Armengol–Ruz
Los datos proceden del análisis de los dispositivos electrónicos incautados en registros a varios miembros de la trama, cuyo epicentro inicial fue Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos. En ese material, el nombre de Francina Armengol aparece en conversaciones y archivos en los que se hace referencia a contactos directos con Ruz, tanto presenciales como telefónicos y por mensajería directa.
Según las pesquisas policiales, estas interacciones se produjeron cuando Armengol ocupaba la presidencia del Govern de les Illes Balears. Durante ese mandato, la empresa Levantina Ingeniería y Construcción, propiedad de Ruz, fue adjudicataria de tres contratos públicos por un total de 10,7 millones de euros. El más relevante fue la construcción de una residencia para personas mayores en Palma, por valor de 10,4 millones. Los demás fueron obras menores de rehabilitación de puentes en localidades del entorno de Inca, municipio natal de Armengol.
La UCO y la hipótesis de connivencia
Fuentes próximas a la investigación afirman que estos vínculos constituyen uno de los indicios que la UCO incorporará en su informe final al Tribunal Supremo. Este documento podría proponer la solicitud de un suplicatorio al Congreso para que Armengol pueda ser citada como imputada, dadas sus prerrogativas como presidenta de la Cámara Baja. Otra posibilidad contemplada es que sea llamada como testigo.
El grado de detalle y frecuencia de las menciones a Armengol en los materiales analizados, así como la referencia personal con el apelativo “cariño” que Koldo García usaba en sus comunicaciones, contribuyen a sostener la tesis de un canal de influencia más allá de lo institucionalmente ordinario.
Los contratos y los pagos a Koldo García
José Ruz, en su reciente declaración ante el Tribunal Supremo, ha negado el pago de mordidas por las adjudicaciones, pero reconoció que abonó 2.600 euros mensuales durante un largo período a Koldo García, a cambio —según su testimonio— de un servicio de vigilancia en una obra en Benidorm. También admitió que Koldo le entregó un teléfono seguro, que en sus mensajes denominaban “el café”.
En esas comunicaciones aparece también el término “la ganadería”, que según Ruz hacía alusión al PSOE, y “el navarro”, en referencia a Santos Cerdán, exsecretario de Organización y actualmente en prisión preventiva. La UCO interpreta estos elementos como señales de un entramado informal de reparto de contratos públicos vinculado a la financiación del partido, aunque la investigación sigue en curso.
Implicaciones políticas e institucionales
La implicación de la tercera autoridad del Estado en una investigación de estas características tiene un alcance que va más allá del caso puntual. De confirmarse los vínculos operativos entre Armengol y la red investigada, no sólo se trataría de una cuestión de responsabilidad personal, sino también de la utilización de estructuras públicas para fines presuntamente irregulares, lo que impactaría directamente en la legitimidad de la dirección política del PSOE.
La investigación no señala aún consecuencias penales para Armengol, pero el hecho de que la Guardia Civil valore solicitar el suplicatorio indica que la carga indiciaria supera el umbral de la sospecha casual. No se trata, por tanto, de una mención circunstancial en una trama ajena, sino de una posible implicación directa en decisiones de adjudicación bajo sospecha.
El caso Armengol se añade a una sucesión de episodios que, en las últimas semanas, han afectado a figuras clave del PSOE: desde las acusaciones contra Paco Salazar, pasando por la imputación de Santos Cerdán, hasta las referencias de Pedro Sánchez a “haber confiado en quien no debía”. La incorporación de la presidenta del Congreso a este contexto ofrece un cuadro de erosión institucional progresiva en el que convergen lealtades personales, decisiones ejecutivas y estructuras partidarias.
