La UCO amplía la investigación sobre blanqueo en la trama vinculada al PSOE
El juez del Supremo autoriza el rastreo exhaustivo de cuentas, movimientos financieros y comunicaciones electrónicas de los principales implicados
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha recibido autorización judicial para ampliar su investigación en el marco del denominado caso PSOE, una supuesta red de corrupción en el seno del aparato político y administrativo del Estado. La resolución, firmada por el magistrado Leopoldo Puente, del Tribunal Supremo, permite a los agentes recabar todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales relativas a las personas y entidades investigadas. La orden se produce en el contexto de una causa que ya afecta a altos cargos del PSOE, entre ellos Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García.
La investigación se centra en presuntas adjudicaciones irregulares de contratos públicos, supuestamente concedidas a cambio de comisiones ilegales. El auto judicial destaca que se investigará no solo la procedencia de los fondos, sino también su destino, estructura de reparto y posible ocultación.
Blanqueo, organización criminal y tráfico de influencias
La Fiscalía, en coordinación con la UCO, imputa delitos de organización criminal, cohecho, malversación, blanqueo y contra la Hacienda Pública. El núcleo de la acusación gira en torno a una estructura de supuesta captación de fondos públicos desviados desde distintas instituciones, incluida ADIF, el Ministerio de Transportes y la Dirección General de Carreteras, hacia empresas presuntamente conectadas con los investigados.
Los datos preliminares recabados por la Guardia Civil apuntan a la existencia de grabaciones y comunicaciones digitales en las que se identifican transferencias específicas, asociadas a contratos públicos concretos. La cifra manejada hasta el momento alcanza los 620.000 euros, con 450.000 euros adicionales pendientes de cobro, de acuerdo con los datos aportados en el sumario.
Rastreo bancario: saldos, ingresos, pagos y beneficiarios
En su nuevo mandato, el juez Puente ha solicitado a las entidades bancarias que faciliten un desglose pormenorizado de todas las cuentas financieras en las que los implicados figuren como titulares, apoderados o representantes. La información deberá incluir los saldos, ingresos y pagos registrados, así como la identificación de cuentas de origen y destino, y de las personas físicas o jurídicas intervinientes.
Además, se exige la entrega de expedientes internos, comunicaciones al SEPBLAC y cualquier indicio de operaciones sospechosas de blanqueo. El Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, que actúa como Unidad de Inteligencia Financiera del Estado, también será clave en el análisis de los flujos monetarios detectados.
Cinco empresarios, entre ellos Antxón Alonso, Fernando Merino, José Ruz, y los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, están igualmente bajo investigación. Se les atribuye un posible papel como agentes intermediarios en el sistema de adjudicaciones irregulares.
Acceso a Ferraz y clonado de dispositivos
En paralelo a la expansión de la investigación financiera, la Guardia Civil ha ejecutado una orden de entrada en la sede del PSOE en la calle Ferraz. La operación tuvo como objetivo principal el clonado de la cuenta de correo corporativa de Santos Cerdán, quien hasta hace escasos días ocupaba el cargo de secretario de Organización del partido. La intervención, registrada mediáticamente, responde al objetivo de identificar posibles comunicaciones con otros integrantes de la trama.
También se realizaron entradas en el Ministerio de Transportes y en otras dependencias públicas vinculadas con la gestión de infraestructuras, en busca de documentación relativa a los contratos adjudicados bajo sospecha.
Una investigación en expansión
El caso continúa su avance con nuevas líneas de investigación abiertas y una creciente complejidad jurídica. El juez instructor ha subrayado que la imputación de Cerdán no es un hecho aislado, sino que responde a indicios sólidos de participación activa en la gestión y distribución de fondos ilegales. Los registros bancarios, las comunicaciones electrónicas, y los informes de inteligencia financiera serán claves en las próximas semanas para esclarecer si existió una estructura organizada de desvío de fondos públicos desde las instituciones hacia beneficiarios privados.
A medida que se desarrollen las diligencias solicitadas, el foco judicial podría ampliarse hacia nuevas figuras políticas o empresariales y proyectar consecuencias tanto penales como institucionales.
