El truco de Sánchez: aprobar decretos urgentes y congelar su debate para evitar el control parlamentario
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha perfeccionado una estrategia legislativa que, si bien no vulnera expresamente la Constitución, sí distorsiona el espíritu parlamentario del artículo 86 de la Carta Magna. El Ejecutivo aprueba Reales Decretos Ley (RDL) por vía de urgencia y promete su tramitación como Proyecto de Ley. Pero una vez convalidados en el Congreso, los textos no se debaten, no se enmiendan y no se votan. Permanecen bloqueados indefinidamente gracias a la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso, presidida por Francina Armengol.
El resultado: 19 Reales Decretos siguen en vigor sin haber sido tramitados legislativamente. El Gobierno logra así imponer su contenido sin rendir cuentas ni negociar con los socios parlamentarios. Una práctica que elude el debate democrático y desactiva el control del Parlamento.
"Gobernar de espaldas al Legislativo"
Sánchez ya afirmó en el pasado que se podía gobernar «con o sin el concurso del Poder Legislativo». Con esta fórmula, lo hace sin someterse al riesgo de derrotas parlamentarias ni al desgaste de las negociaciones multipartitas. Tal y como lamentan fuentes del Grupo Socialista: «Cada negociación es una carta a los Reyes Magos. Es inviable».
Los decretos, aprobados por el Consejo de Ministros, entran en vigor con su publicación en el BOE. Pero el trámite parlamentario se eterniza mediante prórrogas del periodo de enmiendas, aprobadas sistemáticamente por la mayoría progresista de la Mesa. Así, el texto original del Ejecutivo queda blindado.
Una lista creciente de decretos congelados
Entre los decretos afectados están:
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Tres RDL sobre la DANA, aprobados entre el 5 y el 28 de noviembre de 2024. Llevan hasta 31 ampliaciones del plazo de enmiendas.
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RDL sobre protección frente a lanzamientos hipotecarios (14 de mayo de 2024). Con 45 prórrogas, aún no se ha tramitado.
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RDL del "embargo a Israel" (medidas urgentes por Gaza) también apunta a quedar bloqueado.
Otros decretos, como el relativo a medidas del Plan de Recuperación y Resiliencia, o los RDL sobre los efectos económicos de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, llevan más de un año paralizados a la espera de un informe de Comisión que nunca llega.
El Congreso, reducido a notaría
El artículo 86 de la Constitución exige para los RDL una «extraordinaria y urgente necesidad», mientras que el 82.3 permite su tramitación urgente como Proyectos de Ley. Pero en la práctica, el Ejecutivo convierte el Congreso en una notaría que convalida decretos sin más.
Expertos en Derecho Parlamentario señalan que este uso abusivo del mecanismo urgente debilita al Parlamento, erosiona la función legislativa y rompe la promesa de reforma que exigían los socios de investidura.
Pese a ello, la combinación de fragilidad parlamentaria, presión electoral y una Mesa controlada por el PSOE y Sumar garantiza la continuidad del bloqueo.
