El Supremo pasa factura a García Ortiz por el caso González Amador
El Tribunal Supremo ha tasado en 79.942 euros las costas procesales que deberá abonar el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras su condena en el procedimiento relacionado con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
La cantidad se calcula en base a los gastos de abogado y procurador asumidos por la representación de González Amador. Según la resolución de la letrada de la Administración de Justicia, la procuradora facturó 1.560 euros, mientras que el letrado acreditó 78.382 euros en honorarios, según publica El Debate.
La Abogacía del Estado prevé recurrir la tasación.
Multa, indemnización y costas procesales
Además de las costas, el Supremo condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación especial, una multa de 7.200 euros y el pago de 10.000 euros de indemnización por daños morales a favor de González Amador.
El ex fiscal general ya abonó la multa y la indemnización con fondos procedentes de aportaciones voluntarias, cuya canalización fue asumida por la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación de la que fue presidente portavoz.
Según se comunicó, la UPF asumió íntegramente el pago como propio.
El abogado justifica la cuantía por la complejidad del caso
En su escrito, la defensa de la pareja de Ayuso sostiene que la carga económica debe ser proporcional «al esfuerzo realizado» durante un procedimiento que califican de «evidente complejidad».
La resolución sobre las costas se suma así a las consecuencias económicas derivadas de la condena por revelación de secretos que inhabilitó a García Ortiz como fiscal general.
Petición de indulto y solicitud de expulsión de la carrera fiscal
Paralelamente, el Ministerio de Justicia tramita una petición de indulto total solicitada por dos particulares. Como primer paso, ya ha solicitado el preceptivo informe al Tribunal Supremo.
Por su parte, la representación legal de González Amador ha pedido la expulsión de García Ortiz de la carrera fiscal, después de que este se reincorporara como fiscal adscrito a la Sección de lo Social del Supremo tras el decreto firmado por la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato.
El caso mantiene abierto un nuevo frente jurídico e institucional tras la condena del que fuera máximo responsable del Ministerio Público.
