Santos Cerdán, a la cárcel por liderar la trama de corrupción del PSOE

El magistrado Leopoldo Puente, instructor del conocido como caso PSOE en el Tribunal Supremo, ha ordenado este lunes prisión provisional comunicada y sin fianza para Santos Cerdán, exsecretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). La decisión se adopta a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que considera a Cerdán el gestor operativo de una red de cobro de comisiones ilegales por adjudicaciones de obra pública, en el marco de la trama presuntamente liderada junto a José Luis Ábalos y Koldo García.

Según el auto judicial, Cerdán habría desempeñado un “papel central” en la articulación, expansión y mantenimiento de un entramado que habría operado inicialmente en Navarra, donde el exdirigente socialista ejercía influencia política, y que se habría proyectado a nivel estatal tras su llegada a la cúpula federal del PSOE.

El juez ha valorado riesgo de fuga, capacidad de destrucción de pruebas, comunicación con otros implicados y posibilidad de alterar el curso de la investigación, para acordar esta medida excepcional. En su comparecencia ante el magistrado, Cerdán rehusó responder a las preguntas de las partes y volvió a negar que se reconozca en los audios recogidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que sustenta buena parte del informe incriminatorio.

Entre los indicios considerados por el Tribunal, destacan conversaciones grabadas entre Cerdán, Ábalos y García, en las que se hace referencia al reparto de beneficios procedentes de adjudicaciones de contratos públicos. Asimismo, se subraya la existencia de un contrato privado —localizado en el domicilio del empresario Joseba Antxón Alonso Egurrola— por el cual Cerdán habría adquirido en 2016 un 45% de la sociedad Servinabar 2000 SL, adjudicataria de más de 75 millones de euros en obras públicas.

La Fiscalía Anticorrupción, dirigida por Alejandro Luzón, subraya que la participación de Cerdán no puede limitarse al plano político o administrativo, sino que habría asumido funciones ejecutivas en el circuito financiero de los pagos irregulares, coordinando abonos tanto en favor de Ábalos como de terceros. Las acusaciones populares, agrupadas en torno al Partido Popular, se han adherido a la petición de prisión y han solicitado que se valore una posible imputación adicional por delito fiscal, ante el riesgo de prescripción.

El juez instructor también ha considerado la falta de colaboración efectiva por parte del imputado, que ha ofrecido, según el Ministerio Público, explicaciones “pobres, sesgadas y de corte victimista”, insinuando que la causa judicial sería una represalia por su papel político en la moción de censura de 2018 que permitió a Pedro Sánchez acceder a la presidencia del Gobierno.

La decisión del Supremo constituye un punto de inflexión en la instrucción de este caso, y anticipa posibles medidas similares respecto a otros implicados, entre ellos empresarios adjudicatarios y antiguos cargos públicos. El próximo 7 de julio están previstas nuevas comparecencias ante el Alto Tribunal.