Septiembre negro para Sánchez: cuatro frentes judiciales amenazan la estabilidad del Gobierno
La citación de Begoña Gómez, el juicio oral contra el fiscal general y los nuevos informes del caso Koldo dibujan un escenario político e institucional de máxima tensión
El mes de septiembre se presenta como un punto de inflexión clave para el futuro político y judicial del Gobierno de Pedro Sánchez. Tras el paréntesis estival, la reactivación de varias causas judiciales de enorme calado —y con conexiones directas con el entorno más íntimo del presidente— conforma una tormenta perfecta para el Ejecutivo. En el centro de la polémica se sitúan tres frentes judiciales simultáneos: la citación de Begoña Gómez, el juicio oral contra el fiscal general del Estado, y el avance en la instrucción del caso Koldo.
Begoña Gómez: nueva imputación por presunta malversación de fondos públicos
El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, ha decidido citar el próximo 11 de septiembre a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, como investigada por un presunto delito de malversación. En esta nueva pieza separada de la causa principal, se investiga la contratación de una asesora de La Moncloa que, según las diligencias preliminares, habría realizado tareas de carácter personal y privado para Gómez, lo cual constituiría un uso indebido de recursos públicos.
Este nuevo frente judicial se suma a una causa ya muy avanzada, en la que se le imputan delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e incluso intrusismo profesional por su vinculación con el empresario Juan Carlos Barrabés y su papel en la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid.
Se trata de la cuarta vez que Begoña Gómez deberá comparecer ante la justicia en esta causa. En anteriores ocasiones, ha evitado declarar ante el juez o ha limitado sus respuestas exclusivamente a las preguntas formuladas por su defensa.
Álvaro García Ortiz: juicio oral contra el fiscal general del Estado
Mientras tanto, en otro frente que afecta de lleno al aparato institucional del Estado, el magistrado Ángel Hurtado, del Tribunal Supremo, está a punto de dictar el auto de apertura de juicio oral contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por un presunto delito de revelación de secretos.
La acusación sostiene que García Ortiz coordinó personalmente la filtración de información confidencial sobre la causa contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. El Supremo ya ha confirmado la validez de la imputación y, si no se dicta su suspensión cautelar, podría sentarse en el banquillo mientras sigue ostentando el cargo más alto del Ministerio Fiscal.
La situación institucional es especialmente delicada, dado que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal prevé la suspensión de fiscales que sean enviados a juicio oral. Sin embargo, la peculiaridad del caso reside en que García Ortiz no está en activo dentro de la carrera fiscal, sino en servicios especiales, lo que abre una incógnita jurídica sobre si debe ser o no apartado de su cargo.
Todo ello se producirá en vísperas del acto solemne de apertura del Año Judicial, presidido por el Rey Felipe VI y en el que tradicionalmente interviene el fiscal general. La paradoja institucional es evidente: García Ortiz podría presentar la memoria anual del Ministerio Público justo antes de ser notificado personalmente de su enjuiciamiento.
El caso Koldo: nuevas diligencias e informes explosivos de la Guardia Civil
La tercera amenaza judicial que asoma en el horizonte gubernamental es la reactivación del caso Koldo, una macrocausa que comenzó investigando contratos de mascarillas en pandemia y que ahora se ha convertido en una investigación de presunta corrupción sistémica, con ramificaciones que alcanzan a altos cargos del PSOE y a diversas empresas públicas.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tiene previsto entregar nuevos informes clave durante el mes de septiembre. Entre las posibles implicaciones que se barajan están las del actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
El volumen de información intervenida y las comunicaciones registradas han llevado al Supremo a prorrogar la fase de instrucción seis meses más, señalando que se trata de una causa de gran complejidad y con abundante material por analizar.
David Sánchez: el hermano del presidente, también pendiente de juicio
Paralelamente, sigue en desarrollo la causa abierta contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por un presunto caso de prevaricación y tráfico de influencias relacionado con su contratación a dedo en la Diputación de Badajoz. La Audiencia Provincial deberá resolver los recursos contra el auto que propone su enjuiciamiento, en un caso que involucra también a otros dirigentes del PSOE en Extremadura.
Respuesta del Gobierno: acusaciones de "campaña de acoso"
Ante este escenario judicial cada vez más comprometido, el Gobierno ha reaccionado acusando a ciertos sectores de emprender una "campaña de acoso político y personal" contra Pedro Sánchez. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha denunciado que el presidente está siendo objeto de una persecución orquestada porque sus adversarios "no logran derrotarle en las urnas".
Por su parte, el secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato, ha tildado de "intolerables" las decisiones judiciales contra Begoña Gómez, y ha advertido contra el uso de investigaciones prospectivas —aquellas que buscan indicios a posteriori en lugar de responder a delitos previamente identificados—.
Con múltiples causas judiciales abiertas, todas ellas centradas en figuras clave del actual Ejecutivo, el mes de septiembre no solo marcará el inicio del nuevo curso político, sino también la posible reconfiguración del tablero institucional en España. El desenlace de estas causas puede tener consecuencias profundas en la estabilidad del Gobierno, en su capacidad de acción legislativa y en la percepción pública de la legalidad y la ética en la alta política.
