En un movimiento que ha desencadenado un debate sin precedentes en la sociedad española, Pedro Sánchez ha aceptado incluir el controvertido término "lawfare" en el pacto alcanzado con Carles Puigdemont a cambio de su investidura. Este término implica la revisión y posible responsabilización de los jueces, fiscales y magistrados que condenaron el proceso independentista catalán, en estricto cumplimiento de la ley.

La inclusión de este término, más propio del léxico del "chavismo" que de la armonización con el Derecho Europeo, ha encendido todas las alarmas y ha provocado una respuesta unánime de la comunidad jurídica y de la sociedad civil. Se alzan en defensa del Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia judicial, tal y como publica El Debate.

Rechazo al Lawfare

El pacto entre Sánchez y Junts ha generado una gran preocupación al liquidar la igualdad entre los españoles y provocar una reacción en el Poder Judicial. No es la primera vez que Sánchez intenta adaptar la ley a sus intereses, como lo demostró en 2022 al intentar cambiar las reglas para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

La similitud con el "chavismo" se hace más evidente cuando observamos cómo el presidente venezolano, Nicolás Maduro, promulgó una ley de reforma del sistema judicial para reducir el número de magistrados del Tribunal Supremo, sin el consenso de los partidos de oposición. Esto suscita preguntas sobre si las acciones de Sánchez son casualidad o coincidencia.

Imparable

El Consejo General del Poder Judicial ha expresado su rechazo al concepto de lawfare en el acuerdo Sánchez-Puigdemont, afirmando que implica una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un atentado a la separación de poderes. Esta postura ha sido respaldada por todas las asociaciones de jueces, magistrados y fiscales.

A pesar de las advertencias de la Unión Europea y las recomendaciones de la Comisión de Justicia para respetar la independencia judicial, el Gobierno de Sánchez ha seguido adelante con sus acciones que debilitan el sistema democrático y transforman las instituciones en meras sucursales de la Moncloa.

En Dos Meses y Medio

Una de las maniobras más preocupantes de Sánchez es la "revisión" de las decisiones judiciales en comisiones parlamentarias, un mecanismo que podría llevar a rectificar decisiones judiciales y depurar responsabilidades a los jueces. Esto plantea inquietudes sobre el respeto a la independencia judicial y el estado de derecho en España.

Esto no es la primera vez que se considera la creación de comisiones para juzgar a jueces y fiscales que el poder político acusa de abusar de sus funciones. Durante la etapa republicana, se debatió la implementación de un tribunal para exigir responsabilidades a jueces y fiscales en el ejercicio de sus funciones.

Si el objetivo de estas acciones es atemorizar a los jueces para que no cuestionen la validez de la venta del Estado de derecho y la amnistía de Puigdemont, la amenaza ya está en el aire. La pasividad del actual Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, frente a las acciones de Sánchez y el separatismo ha llevado a la Asociación mayoritaria de Fiscales a instar a su dimisión.

¿Que es el lawfare?

El término "lawfare" es una combinación de las palabras "law" (ley) y "warfare" (guerra). Se refiere a la utilización estratégica y abusiva de acciones legales, litigios y procesos judiciales como herramienta para perseguir y debilitar a adversarios políticos, sociales o económicos, en lugar de buscar una resolución legítima de disputas legales. El lawfare puede manifestarse a través de demandas judiciales frívolas o excesivamente prolongadas, acusaciones infundadas, investigaciones selectivas y otras tácticas legales que buscan desacreditar o dañar la reputación de las personas o grupos objetivo.

El término se ha vuelto especialmente relevante en el contexto político, donde se acusa a algunas figuras o gobiernos de utilizar el sistema judicial como un instrumento para perseguir a oponentes políticos o socavar la democracia, en lugar de seguir un proceso legal imparcial y justo. El lawfare plantea preocupaciones sobre la independencia del poder judicial y la manipulación de la ley con fines políticos.

ISABEL DÍAZ AYUSO

En su intervención, Ayuso ha seguido dirigiendo sus palabras directamente contra Pedro Sánchez: «Sánchez nos llevará a una dictadura si no hay contrapesos en el poder. Sánchez ha decidido ser el poder Ejecutivo, Legislativo, y Judicial».

Entre gritos de los protestantes de «Sánchez a prisión», Ayuso ha continuado: «Sánchez ha subestimado a España, y a Europa, y no, el mundo nos escucha, las instituciones europeas nos miran, España está aquí». 

Entre muchas de sus palabras dedicadas a los protestantes allí presentes ya todos los que reniegan del pacto para la investidura de Pedro Sánchez, Ayuso ha expresado con energía: «Nosotros nos encargaremos de devolver golpe por golpe», refiriéndose a las medidas adoptadas por el partido socialista.