Sánchez cancela la compra de balas a Israel tras la presión de Sumar

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido rescindir unilateralmente el polémico contrato de compra de más de 15 millones de balas para la Guardia Civil con una empresa israelí, tras intensas presiones de Sumar y el creciente malestar entre sus socios de coalición. La decisión se produce apenas horas después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara la formalización del contrato, adjudicado el pasado 21 de octubre a Guardian Homeland Security S.A., una filial de IMI Systems.

La rescisión llega, según fuentes gubernamentales, “por razones de interés general” y tras “haber agotado todas las vías negociadoras”. El Ejecutivo ha informado de que la Presidencia del Gobierno, la Vicepresidencia Segunda y los ministerios implicados han coordinado la decisión, que implica abrir ahora un análisis jurídico por parte de la Abogacía del Estado ante posibles reclamaciones legales de la empresa adjudicataria.

Una rectificación forzada

El contrato había sido objeto de controversia desde que Interior anunciara inicialmente su cancelación, sólo para verse luego desmentido por la publicación oficial del BOE, que lo daba por formalizado y en marcha. La presión ejercida por Sumar, especialmente por parte de Izquierda Unida y Podemos, ha sido determinante en la rectificación de Moncloa.

Según el comunicado oficial del Gobierno, “España ni compra ni vende armamento a empresas israelíes desde octubre de 2023”, coincidiendo con el inicio de la nueva ofensiva militar de Israel en Gaza. A pesar de ello, varios contratos —incluido el ahora rescindido— habían continuado su tramitación desde antes de esa fecha.

Detalles del contrato

El contrato afectado contemplaba el suministro de 15,3 millones de cartuchos de 9 milímetros por un importe superior a 6 millones de euros, destinados a la Guardia Civil. El acuerdo fue adjudicado el pasado 21 de octubre de 2023, pocos días después del estallido del conflicto entre Israel y Hamás, aunque según el Gobierno su tramitación venía de antes.

Crisis en el seno del Gobierno

La operación ha estado en el centro de una creciente crisis interna en la coalición de Gobierno. Desde Sumar se había solicitado formalmente la cancelación inmediata del contrato, señalando que era “incompatible” con la política exterior del Ejecutivo y con el compromiso declarado con la causa palestina.

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, y el portavoz parlamentario, Enrique Santiago, habían calificado el acuerdo como “intolerable” y “una línea roja”. Desde Sumar se llegó incluso a exigir la convocatoria urgente de la mesa de coordinación PSOE-Sumar, advirtiendo de que estas decisiones no podían seguir tomándose “por sorpresa y sin consenso”.

Repercusiones diplomáticas y legales

El Gobierno admite ahora que la ruptura del contrato podría tener consecuencias legales, aunque insiste en que “el interés general y la coherencia política con la causa palestina están por encima de cualquier otro interés contractual”.

Con esta decisión, Sánchez trata de frenar la hemorragia política provocada por el aumento del gasto militar y el rearme, dos cuestiones que también han generado tensiones por la forma y el momento en que se han ejecutado.

La cancelación supone un gesto político de alto perfil, pero no cierra las heridas abiertas en el Gobierno, que aún enfrenta un debate pendiente sobre la reorientación estratégica de la política de Defensa, el apoyo a Ucrania, y las relaciones diplomáticas con Oriente Medio.