Regularización masiva: el Gobierno permitirá quedarse a inmigrantes con delitos pendientes

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno del PSOE y Podemos para llevar a cabo una regularización masiva de inmigrantes en situación irregular mediante real decreto, sin someterse al control del Congreso, tendrá importantes consecuencias legales y operativas. Entre ellas, destaca que personas acusadas de delitos o inmersas en procedimientos judiciales abiertos podrán ser regularizadas, siempre que no cuenten con antecedentes penales considerados “relevantes” en el momento de la solicitud, según revela OkDiario.

Uno de los aspectos más controvertidos de la medida es precisamente la ambigüedad del concepto de antecedentes penales “relevantes”, cuyo alcance no ha sido concretado por el Ejecutivo. Esta indefinición preocupa especialmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que una persona detenida recientemente por hechos graves puede no figurar todavía con antecedentes, debido a los tiempos de la justicia y a que muchos procesos judiciales tardan meses o incluso años en resolverse.

Desde el sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, advierten de que la ausencia de antecedentes en un momento determinado no implica la inexistencia de conductas delictivas previas ni de investigaciones en curso. Esto obligará a los agentes a realizar comprobaciones adicionales, cruzar datos con bases policiales nacionales e internacionales y verificar información de forma más exhaustiva, un proceso que requiere tiempo, personal y medios técnicos.

Los sindicatos alertan de que, sin un refuerzo inmediato de plantillas y recursos tecnológicos, existe el riesgo de que estas verificaciones se vean limitadas por falta de capacidad material, lo que afectaría a la correcta aplicación de la norma en un contexto de tramitación masiva de solicitudes.

Limitaciones a la expulsión

Otro de los puntos clave del decreto es que los inmigrantes regularizados no podrán ser expulsados, salvo que cometan delitos castigados con penas de prisión superiores a un año, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal. Esto significa que las condenas consideradas leves no conllevarán la expulsión, una circunstancia que ha generado inquietud entre los cuerpos policiales y la oposición política.

La definición de qué antecedentes son relevantes y cuáles no queda, en la práctica, en manos del Gobierno, lo que introduce, según los agentes, inseguridad jurídica, posibles cambios de criterio, dudas en la tramitación administrativa y un aumento previsible de recursos y litigios.

Requisitos y procedimiento

La medida fue avanzada por la eurodiputada de Podemos Irene Montero y aprobada este martes en el Consejo de Ministros. Afecta a inmigrantes que residieran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y, según los cálculos del Ejecutivo, podría beneficiar a más de medio millón de personas.

Para acceder a la regularización bastará con acreditar cinco meses de estancia en España, algo que podrá demostrarse mediante documentos como el padrón, informes médicos, certificados de asistencia a recursos sociales, contratos de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte, entre otros.

Desde el mismo momento en que se presenta la solicitud, quedan suspendidos los procedimientos de retorno y las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso. Además, al admitirse a trámite, se concede una autorización provisional de residencia, que permite trabajar legalmente y acceder a derechos como la asistencia sanitaria.

Si la resolución es favorable, se otorgará una autorización de residencia de un año, al término del cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al Reglamento de Extranjería.

Contexto migratorio y cifras

Según un informe reciente de Funcas, el número de inmigrantes en situación irregular en España habría aumentado un 685% en los últimos ocho años, pasando de 107.000 personas en 2017 a unas 840.000 en 2025. La mayoría proceden de Colombia, Perú y Honduras, seguidos por inmigrantes de África, Asia y otros países europeos.

Además, el año pasado entró en vigor la reforma del Reglamento de Extranjería, que amplía las vías de regularización. Entre mayo y octubre, unas 95.000 personas regularizaron su situación por alguna modalidad de arraigo.

Reagrupación familiar y críticas políticas

Aunque PSOE y Podemos cifran la regularización en medio millón de personas, la cifra final podría ser mayor, ya que el decreto abre la puerta a la reagrupación familiar, permitiendo que los beneficiarios traigan a familiares dependientes.

La medida ha sido duramente criticada por PP y Vox. Alberto Núñez Feijóo ha denunciado que se apruebe “sin garantías ni control” y Santiago Abascal ha acusado al Gobierno de fomentar el “efecto llamada”. También el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha advertido de que personas detenidas repetidamente y pendientes de juicio podrían verse beneficiadas por la regularización, calificando la medida de irresponsable.