Récord de vergüenza europea: España, el país que más desobedece a la UE
España ha alcanzado un nuevo récord negativo en la Unión Europea. Con 91 procedimientos de infracción abiertos, se consolida como el país miembro más incumplidor de la legislación comunitaria, según datos actualizados de la Comisión Europea. Esta cifra supera a la de Polonia (85) y Grecia (77), que ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente.
Nuevos procedimientos: servicios digitales, ciberseguridad y emisiones
Los tres nuevos casos abiertos esta semana contra España corresponden a áreas clave de la legislación europea:
-
Falta de implementación del Reglamento de Servicios Digitales: España, junto con Chequia, Chipre, Polonia y Portugal, ha sido remitida al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber otorgado las competencias necesarias a sus coordinadores de servicios digitales. Aunque fueron designados, no están facultados para ejercer sus funciones, como exige la normativa comunitaria.
-
Retrasos en la transposición de la Directiva SRI 2 sobre ciberseguridad: Esta norma debía incorporarse al derecho nacional antes del 17 de octubre de 2024, y tiene como objetivo elevar los estándares de seguridad en sectores estratégicos como la energía, salud, agua, comunicaciones electrónicas y servicios digitales. España figura entre los 19 Estados miembros que han recibido un dictamen motivado por incumplimiento.
-
Incumplimiento de la Directiva 2023/959 sobre el comercio de derechos de emisión en el sector de la aviación: La norma debía aplicarse antes del 31 de diciembre de 2023. España y otros 11 países no han completado la transposición, lo que pone en riesgo los objetivos climáticos marcados por el Pacto Verde Europeo.
España ante el TJUE: una situación crónica
Además de liderar el número de infracciones, España ocupa el segundo lugar en incumplimiento de sentencias del TJUE, lo que evidencia una crisis estructural en la transposición de directivas y en la ejecución de normativas europeas.
Desde 2010, España ha acumulado un total de 3.098 procedimientos de infracción, de los cuales 2.907 han sido cerrados, pero 18 casos siguen activos ante el TJUE. De estos, 11 están relacionados con legislación ambiental, lo que refuerza las críticas recurrentes a la gestión española del medio ambiente y del cambio climático.
Uno de los precedentes más graves se produjo en febrero de 2021, cuando el TJUE impuso a España una multa de 15 millones de euros y una sanción diaria de 89.000 euros por no haber transpuesto a tiempo la Directiva sobre protección de datos personales en el ámbito penal. El caso no se cerró hasta febrero de 2022.
Riesgos legales, económicos y reputacionales
Las sanciones impuestas por Bruselas no solo tienen un impacto económico directo —mediante multas coercitivas—, sino también un efecto negativo sobre la reputación institucional de España en el seno de la UE. Además, los retrasos en la aplicación de las directivas perjudican el funcionamiento del mercado interior y afectan a empresas y ciudadanos, que no pueden beneficiarse plenamente de los derechos y garantías que la legislación europea prevé.
Contexto político y uso de fondos europeos
Este nuevo revés se produce en un contexto de creciente presión sobre el Gobierno español, que ha sido criticado recientemente por utilizar empresas públicas para movilizar fondos europeos fuera del calendario previsto por Bruselas. El recurso a estas fórmulas ha generado dudas sobre la transparencia, la eficiencia del gasto y el cumplimiento de los objetivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
El BCE también ha presionado a los Estados miembros para avanzar en la regulación del euro digital, lo que añade una capa más de complejidad a la agenda normativa pendiente en varios países, incluida España.
Los datos revelan una tendencia preocupante que, lejos de mejorar, se agrava con el paso del tiempo. La falta de coordinación interministerial, la escasa planificación normativa, y una burocracia ineficiente dificultan la capacidad del Estado español para cumplir sus compromisos europeos.
Si en los próximos dos meses España no rectifica su situación, Bruselas podrá remitir de forma definitiva los casos al Tribunal de Justicia de la UE, lo que podría traducirse en nuevas multas económicas y un deterioro de la imagen exterior del país.
