12.06.2024 |
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CESIONES AL INDEPENDENTISMO

¿A quién beneficia la Ley de Amnistía?

El Congreso, al dar luz verde a la ley de amnistía, beneficia a 370 personas, incluidos líderes independentistas. Los jueces decidirán sobre su aplicación y podrían cuestionarla ante tribunales superiores
El presidente de ERC, Oriol Junqueras (i) y el secretario general de Junts, Jordi Turull (d), se saludan tras quedar aprobada la Ley de Amnistía. Eduardo Parra
El presidente de ERC, Oriol Junqueras (i) y el secretario general de Junts, Jordi Turull (d), se saludan tras quedar aprobada la Ley de Amnistía. Eduardo Parra
¿A quién beneficia la Ley de Amnistía?

La Ley de amnistía fue aprobada con 177 votos a favor de levantar el veto del Senado, superando por un voto la mayoría absoluta necesaria, y 172 votos en contra. Según Feijóo y Abascal, esta ley representa una “corrupción política”.

Durante el debate, se discutió la fase que atravesará la norma una vez sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). También se lanzaron advertencias a los jueces, quienes tendrán que aplicarla. El PSOE y Carles Puigdemont perderán el control sobre la aplicación de la ley. El diputado de Podemos Javier Sánchez Serna señaló: "Sabemos que esta ley tardará en ser efectiva y que será necesario un gran esfuerzo para que algunos jueces reaccionarios apliquen una ley emanada de un parlamento democrático". Por su parte, Rufián pronosticó: "El partido judicial español votará, y todos saben cuál será su voto". Se espera que la norma se publique en el BOE este mismo viernes, momento en el que entrará en vigor. Sin embargo, a partir de entonces, los jueces encargados de los asuntos relacionados con el procés podrán examinar su aplicación y podrían cuestionar ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea su aplicación en determinados casos.

¿Qué incluye la ley de amnistía?

El objetivo principal de la ley de amnistía es poner fin a las consecuencias judiciales del proceso independentista catalán de 2017. La ley incluye todos los actos delictivos o infracciones administrativas y contables "vinculados a la consulta celebrada en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y al referéndum del 1 de octubre de 2017", así como todo lo relacionado con estas dos consultas ilegales.

No obstante, la ley excluye ciertos delitos de la amnistía, tales como actos de terrorismo, delitos que hayan causado muerte o graves lesiones, torturas, traición no específica, y delitos contra la comunidad internacional, como el genocidio. También quedan excluidos los delitos que afecten los intereses financieros de la Unión Europea y aquellos motivados por discriminación racial, étnica, religiosa, de género, entre otros. Los plazos cronológicos establecidos por la ley van desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023. La primera fecha se extendió en la última discusión de la ley en el Congreso y corresponde a los primeros pasos hacia la celebración del 9-N en 2014. La fecha final coincide con la presentación oficial de la propuesta de la Ley de Amnistía en la Cámara Baja.

¿A quién beneficia esta ley?

La aprobación de esta norma implica que los jueces deben levantar inmediatamente todas las medidas cautelares y órdenes de detención vigentes contra los beneficiados. La ley beneficiará a unas 370 personas, aunque no hay cifras oficiales, incluidos líderes independentistas como Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, y otros miembros significativos del movimiento, quienes verán anuladas sus condenas y procesos judiciales pendientes.

¿Y qué pasará ahora con Puigdemont?

Carles Puigdemont, actualmente investigado por dos causas en el Supremo (la del 1 de octubre, por malversación de fondos públicos, y la de Tsunami, por terrorismo), está sujeto a la decisión de los jueces Llarena y Susana Polo sobre la aplicación de la nueva norma. Ambos jueces deberán decidir si es posible aplicar la ley, si la descartan o si consultan al TC o al TJUE. Además, Puigdemont tiene una orden activa de detención nacional, y Llarena deberá decidir si levanta la orden de forma inmediata o si considera que la ley no puede aplicarse, manteniendo así la orden de arresto. Por lo tanto, la aprobación de la ley no garantiza el regreso del líder independentista a España sin ser detenido.

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