El pulso de Pumpido al TJUE puede costarle caro a España: riesgo de infracción por violar el Tratado europeo
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha recibido un nuevo revés en su intento de limitar la capacidad de los jueces españoles para acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Un segundo informe jurídico interno ha advertido de que dicha maniobra supondría una grave vulneración de la independencia judicial y podría acarrear una infracción del Derecho comunitario.
El informe, firmado por el letrado del Constitucional Ignacio Ulloa a petición del magistrado José María Macías, señala con rotundidad que cualquier intento del Constitucional por impedir, condicionar o disuadir a los tribunales ordinarios de elevar cuestiones prejudiciales al TJUE constituiría un atentado contra la independencia judicial y podría derivar en responsabilidades para el Reino de España.
Ulloa advierte de que este tipo de interferencias entrarían en conflicto con los artículos 258 y 259 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y que la iniciativa del presidente Conde-Pumpido —que pretende vetar que la Audiencia de Sevilla eleve al TJUE una consulta sobre la sentencia del caso ERE— representa una «usurpación de funciones» del tribunal europeo.
Segunda advertencia jurídica
Este informe se suma a otro previo, elaborado por la letrada María José García-Valdecasas, que ya advertía que prohibir o limitar las cuestiones prejudiciales sería incompatible con el artículo 267 del TFUE y pondría en peligro la separación de poderes y el Estado de Derecho.
Según Ulloa, la facultad de plantear una cuestión prejudicial corresponde exclusivamente al juez o tribunal que la plantea, y la competencia para responderla recae únicamente en el TJUE. «No cabe interferencia de ningún otro tribunal nacional, incluido el Constitucional», subraya el documento, que califica como «intolerable» la posible intención del TC de fijar condiciones para ese derecho.
Choque entre órganos judiciales
La tensión entre el Tribunal Supremo y el Constitucional se ha incrementado en las últimas semanas ante el temor de que Conde-Pumpido utilice su posición para blindar resoluciones polémicas, como las que afectan a los indultos o la Ley de Amnistía, bloqueando el acceso de los jueces a la justicia europea.
La Audiencia de Sevilla pretende consultar al TJUE sobre si las sentencias del TC —que redujeron o anularon las penas del caso ERE— vulneran el principio de legalidad penal y el derecho a un juez imparcial. Una posibilidad que, de momento, Pumpido no ha logrado frenar, y que se perfila como uno de los mayores desafíos institucionales entre las altas cortes españolas y la jurisdicción europea.
