El vocero del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha emitido una advertencia este miércoles acerca de las implicaciones legales derivadas de las filtraciones de información, haciendo hincapié en las posibles consecuencias contempladas en el Código Penal actual. Este pronunciamiento surge tras la reciente divulgación en los medios de comunicación de detalles concernientes a la estrategia de defensa del compañero sentimental de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en relación con un presunto caso de fraude fiscal.

Durante la conferencia de prensa que tuvo lugar posteriormente al Consejo de Gobierno y según reseña El Debate, García Martín expresó su descontento ante la actuación de la Fiscalía en este asunto, calificándola de "lamentable". Sus palabras destacaron la percepción de que las instituciones estatales, incluida la Fiscalía, podrían estar siendo utilizadas para dirigirse contra individuos no públicos. Específicamente, hizo referencia a la convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala del Supremo, sugiriendo posibles discrepancias internas en la Fiscalía General del Estado.

La propuesta de acuerdo filtrada sugiere que el abogado de Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, habría ofrecido a la Fiscalía asumir una condena de ocho meses de prisión y el pago de más de medio millón de euros para evitar un juicio por presunto fraude fiscal y falsedad documental. Este episodio se enmarca en un contexto en el que el Ejecutivo regional denuncia una presunta estrategia destinada a desgastar políticamente a Ayuso, mediante el uso de recursos estatales.

El Gobierno autonómico ha afirmado su intención de no intervenir en las decisiones de la junta de fiscales, aunque sí ha expresado su disposición a denunciar el uso de recursos estatales con fines políticos. Asimismo, se ha señalado una posible conexión entre estos eventos y la situación política nacional, mencionando la presunta corrupción y las negociaciones con los partidos independentistas.

En otro frente, el Fiscal General del Estado, Álvaro Ortiz, ha admitido la responsabilidad por la filtración de datos relacionados con la pareja de la presidenta madrileña. Estos acontecimientos han generado una reacción crítica por parte de Díaz Ayuso, quien ha caracterizado la situación como un ejemplo de impunidad en el país.