El pendrive del caso Aldama llega al juez: correos, archivos y sospechas de tráfico de influencias
La Guardia Civil ha entregado al juez Pedraz un pendrive con información extraída de Villafuel, empresa que habría defraudado 231 millones de euros gracias a licencias exprés y supuestos favores políticos
La investigación sobre el presunto fraude de 231 millones de euros vinculado a la trama de hidrocarburos liderada por Víctor de Aldama avanza con paso firme. La Guardia Civil ha entregado al juez Santiago Pedraz, instructor del caso en la Audiencia Nacional, un pendrive de 64 GB que contiene las evidencias digitales extraídas durante los registros practicados en la sede de Villafuel, la empresa clave del entramado. Se trata de la primera remesa formal de correos electrónicos, archivos del servidor y documentos internos, esenciales para desentrañar el funcionamiento de la red de fraude fiscal.
La entrega del dispositivo digital se produce semanas después de que el Gobierno decretase, el pasado 6 de febrero, la inhabilitación de Villafuel tras detectarse irregularidades millonarias en la gestión del IVA de operaciones con combustibles.
Correos, servidores y borrados automáticos
Según consta en el informe entregado al magistrado, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la Guardia Civil obtuvo el material a través del volcado de datos de los servidores de Villafuel y del entorno digital de la empresa, incluyendo información almacenada en SharePoint 365 y otros recursos corporativos. Sin embargo, los investigadores encontraron que gran parte de las cuentas de correo electrónico estaban vacías. Según informó la empresa encargada del mantenimiento informático, Microsoft había configurado el sistema para que los mensajes se eliminaran automáticamente tras 30 días si no existía un usuario asignado.
A pesar de este escollo, los agentes consiguieron recuperar información crítica a finales de noviembre, tras varios intentos y la intervención de la firma Emibin Consulting, responsable del soporte tecnológico de Villafuel.
La licencia exprés y las conexiones políticas
La investigación apunta a que Víctor de Aldama logró obtener, con una rapidez inusual, la licencia de operador de hidrocarburos en apenas dos meses, cuando los plazos habituales oscilan entre los seis y nueve meses. El visto bueno llegó en septiembre de 2022, tras una segunda solicitud presentada solo dos meses antes. Los informes de la UCO apuntan a la posible intermediación del exministro José Luis Ábalos, que, a través de su asesor Koldo García, habría facilitado la llegada de Aldama a los despachos clave del Ministerio de Industria.
Según los documentos recogidos en la causa, Koldo García organizó en enero de 2021 una reunión entre los empresarios de la trama y el jefe de gabinete de la ministra de Industria, Juan Ignacio Díaz Bidart. Esta reunión coincide en fechas con la primera solicitud de licencia por parte de Villafuel, finalmente inadmitida. No obstante, la insistencia del grupo y sus contactos políticos fructificaron en el segundo intento.
La concesión de la licencia, según los investigadores, se produjo a pesar de las irregularidades contables detectadas, como un capital social inferior a 600.000 euros, cifra insuficiente para operar en un sector con altos requisitos financieros y de solvencia.
¿Protección desde dentro?
La UCO sospecha que la agilidad en la tramitación de los permisos, sumada a la falta de controles efectivos, podría deberse a la existencia de favores políticos dentro de los órganos administrativos e inspectores encargados de autorizar la actividad de Villafuel. Aldama llegó a asegurar que había mantenido reuniones directas con la ministra Teresa Ribera, aunque vinculadas supuestamente a otros asuntos.
Este nuevo material entregado a la Audiencia Nacional se considera clave para dilucidar si existió un tráfico de influencias que permitió a la red de Aldama no solo acceder a una licencia estratégica, sino también defraudar 231 millones de euros mediante el impago del IVA en operaciones de compraventa de combustible.
La causa sigue creciendo
La causa contra Víctor de Aldama y sus socios, entre los que figura Claudio Rivas, sigue ampliándose con nuevos indicios y conexiones. Los investigadores trabajan ahora en el análisis del contenido del pendrive, que podría esclarecer las comunicaciones internas y los vínculos de la empresa con cargos públicos y entidades privadas involucradas en el fraude.
Además, el calendario judicial se ha visto alterado después de que se suspendiera la citación prevista para el 4 de marzo, debido a la demanda interpuesta por el PSOE contra Aldama por injurias, lo que añade más presión política a un caso que amenaza con seguir salpicando a figuras clave del Gobierno.
