Page, Robles y otros cargos del PSOE, marcan distancia con García Ortiz mientras Sánchez insiste
La unidad socialista se resquebraja ante el procesamiento del Fiscal General del Estado. Ministros, barones y exdirigentes del PSOE expresan dudas sobre su continuidad mientras el Gobierno se aferra a su defensa
El caso García Ortiz ha dejado de ser un asunto técnico-judicial para convertirse en un símbolo de la crisis institucional que atraviesa el Gobierno de Pedro Sánchez. El respaldo explícito del presidente al Fiscal General del Estado, procesado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos, ha desencadenado una fractura interna que se extiende por La Moncloa, el PSOE y hasta el cuerpo fiscal.
Lejos de contener la tormenta, el apoyo cerrado del Ejecutivo ha elevado el coste político del caso. Y lo ha convertido en una prueba de fuego para la credibilidad institucional del Estado.
Dudas en el Consejo de Ministros: de la lealtad a la incomodidad
Aunque Sánchez insistió en que el Gobierno "cree en la inocencia de García Ortiz", lo cierto es que la cohesión del Consejo de Ministros en torno al Fiscal empieza a resquebrajarse. La ministra de Defensa, Margarita Robles, descargó sobre el propio fiscal la decisión de continuar o no al frente del Ministerio Público. "La ley no prevé expresamente este supuesto. Es una decisión personal", afirmó con frialdad jurídica.
También el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha evitado cerrar filas. "El ministro no sabe qué debería hacer el fiscal", apuntan desde su entorno. Traducido del lenguaje político: el Gobierno ya no quiere pagar el precio de su defensa.
Page y Borrell cuestionan su continuidad: «Sentido común» y «estética institucional»
Desde el ámbito del PSOE comienzan a emerger voces que, sin cuestionar la presunción de inocencia, consideran insostenible que el máximo representante del Ministerio Público se siente en el banquillo. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sido el más claro: “Debería cesar por puro sentido común”.
El exministro y alto representante de la UE, Josep Borrell, fue más matizado, pero igual de elocuente: “Estéticamente, un fiscal imputado no es lo mejor que puede ofrecer un país”.
Una grieta que amenaza con convertirse en fractura constitucional
La figura del Fiscal General del Estado no es un cargo político al uso. Es la cabeza visible del Ministerio Público, garante de la legalidad, la imparcialidad y el interés general. Su procesamiento por filtrar datos sensibles —en este caso, relativos a la pareja de Isabel Díaz Ayuso— no solo erosiona su legitimidad personal, sino que desgasta la propia arquitectura institucional del Estado de Derecho.
La situación es inédita. Nunca antes un fiscal general en ejercicio había sido procesado penalmente. Y mucho menos con el respaldo oficial del Gobierno de turno.
El relato de Moncloa: de la defensa a la negación del delito
Desde el entorno de Sánchez, la estrategia de comunicación se ha deslizado peligrosamente hacia una interpretación política del caso. Algunos portavoces han llegado a insinuar que el auto del Tribunal Supremo responde a motivaciones ideológicas. El argumento se resume en una frase: “No es delito desmentir un bulo”.
Esta defensa disuelve las fronteras entre el poder judicial y el ejecutivo, y degrada la figura del fiscal a actor partidista, justo cuando más imparcialidad se exige desde la ciudadanía.
En democracia, la presunción de inocencia es sagrada. Pero también lo es la preservación del prestigio institucional. Que García Ortiz pueda defenderse en sede judicial es incuestionable. Que lo haga desde la cúspide del Ministerio Público es, como mínimo, una anomalía jurídica y ética.
El Gobierno de Pedro Sánchez debe decidir si su lealtad es al partido o al Estado. Porque mantener al Fiscal General procesado en el cargo no es solo un error político: es una claudicación institucional.
