Silencio, evasivas y mentiras: el Gobierno conocía el riesgo en Adamuz desde hace meses
El relato de los pasajeros del Alvia, que tuvieron que caminar a pie en plena noche hasta alcanzar el tren de Iryo porque ni Adif ni Renfe lograban localizarlos, y, sobre todo, el informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) marcaron este viernes un punto de inflexión político. Fue el primer día sin luto oficial tras los tres decretados por las 45 víctimas mortales del choque entre el Iryo y el Alvia en Adamuz —46 fallecidos si se suma el maquinista en prácticas muerto en Gelida— y también el día en que el Gobierno se vio obligado a cambiar el paso.
Desde la noche del domingo y, con mayor intensidad desde el lunes, el Ejecutivo había evitado reconocer abiertamente que un fallo en la vía era la hipótesis principal desde el inicio de la investigación. Sin embargo, ya entonces, expertos consultados por medios escritos, radios y televisiones coincidían en señalar esa posibilidad. Admitirlo suponía situar de lleno al Ministerio de Transportes en el centro de las responsabilidades, tal y como subrayó El Debate en su edición del martes. La estrategia fue, por tanto, ganar tiempo.
Ese margen se agotó cuando la CIAF hizo públicas sus primeras conclusiones: el carril se rompió antes del paso del tren Iryo, en un tramo cuya renovación había concluido en mayo y que, pese a ello, había registrado siete incidencias posteriores. A este dato se sumó un antecedente incómodo para el Ejecutivo. En agosto, el PP solicitó en el Senado el último informe de auscultación geométrica y dinámica de la vía entre Madrid y Córdoba. La respuesta llegó cuatro meses y medio después y fue negativa, alegando que se trataba de documentación interna sin efectos jurídicos.
El peor escenario para el Gobierno
Confirmado el escenario más desfavorable, el Gobierno trató de reaccionar con rapidez. El ministro de Transportes compareció ante la prensa para poner en valor la celeridad de la investigación —«en cuatro días tenemos respuestas», afirmó— y detallar qué trabajos se realizaron en la vía, qué materiales se emplearon, qué controles de calidad se superaron y qué revisiones posteriores se efectuaron. Al mismo tiempo, la Moncloa anunció que Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso, una intervención que la oposición estaba en condiciones de forzar y que, de hecho, iba a forzar.
Puente vuelve a escena
El Óscar Puente que compareció este viernes fue más reconocible. Habló de «desmentir bulos», cargó contra el PP y negó falta de información. Defendió que la obra del tramo se adjudicó en 2022 a Ferrovial, OHLA, FCC y Azvi, a las que calificó como «la flor y nata de la obra pública española», y sostuvo que no se ha reducido el gasto en mantenimiento.
El ministro llegó a afirmar que las roturas de carril son un fenómeno recurrente en los sistemas ferroviarios europeos —unas 3.000 al año, según sus cifras— y que normalmente no tienen consecuencias para los viajeros, aunque en este caso se produjo una «muy mala fortuna». Aun así, anunció la revisión de todos los lotes por si existiera un defecto de fabricación.
Fin de la tregua política
Con todo, el paréntesis político entre Gobierno y PP quedó definitivamente cerrado. El PSOE movió ficha citando a Alberto Núñez Feijóo a la comisión de investigación de la dana el 2 de febrero, dos días después del homenaje de Estado en Huelva. El PP respondió con un ultimátum: o Sánchez comparecía de inmediato en un Pleno extraordinario o lo forzarían desde el Senado.
La Moncloa se adelantó y anunció que el presidente solicitaría comparecer motu proprio, aunque la decisión obedecía más a la aritmética parlamentaria que a una voluntad espontánea. La comparecencia, previsiblemente en febrero, se producirá además en un contexto electoral delicado, con Aragón como telón de fondo y un PSOE que afronta un escenario adverso en las encuestas.
