Juan Carlos Cueto, considerado el artífice principal de la 'trama Koldo', compareció ante la Audiencia Nacional para enfrentar cuestionamientos acerca de su participación en millonarios contratos de suministro de mascarillas. El empresario, quien previamente obtuvo ganancias estimadas en 9,6 millones de euros a través de esta operación, se vio compelido a negar rotundamente cualquier irregularidad en su interrogatorio como imputado.

Cueto, cuyo papel en la trama se ha vuelto central, sostuvo que su motivación al participar en estos contratos era contribuir a la mitigación de los efectos de la pandemia en España. En una declaración que se prolongó durante media hora, el interrogado se limitó a responder exclusivamente las preguntas de su abogado, centrando sus argumentos en la defensa de la operativa mediante la cual se adjudicaron nueve contratos de mascarillas por un monto total de 54 millones de euros.

Las fuentes presentes en la sala confirmaron que Cueto, en su testimonio, hizo mención a una auditoría realizada por la firma KPMG, la cual, según él, respaldaría la corrección de la actuación que ha sido objeto de escrutinio judicial. El empresario, señalado por la Fiscalía Anticorrupción como el verdadero dueño de Soluciones de Gestión, destacó la realización de varios viajes a China como parte del proceso de suministro de las mascarillas, procurando desestimar cualquier irregularidad en la firma de los contratos, a pesar de que la fiscalía le atribuye un beneficio cercano a los 17 millones de euros.

En un giro de los acontecimientos, el magistrado del 'caso Koldo' impuso como medida cautelar la prohibición de salir de España para Cueto, acogiendo la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción. Este hecho acentúa la gravedad del caso y subraya la intensidad de las investigaciones que se están llevando a cabo en torno a las circunstancias que rodean la adjudicación de los contratos de mascarillas.

El interrogatorio, que marcó el inicio de las comparecencias tras el levantamiento del secreto de sumario, contrasta con las declaraciones de otros detenidos en la operación vinculada a la 'trama Koldo'. Koldo García, exchofer y asesor de José Luis Ábalos, su hermano Joseba García, Patricia Uriz (esposa de Koldo García) y el empresario vasco Íñigo Rotaetxe, quienes comparecieron ante la Audiencia Nacional la semana pasada, optaron por acogerse a su derecho de no declarar.

Al concluir la declaración de Cueto, representantes de Vox, que se han personado en el procedimiento junto con el Partido Popular, hicieron hincapié en la sorprendente vinculación de las empresas contratadas para el suministro de mascarillas con miembros del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), algunos de los cuales ocupan puestos ministeriales. Esta observación plantea preguntas sobre la posible injerencia política en los procesos de adjudicación.

La investigación ha revelado que Soluciones de Gestión, empresa supuestamente controlada por Cueto, firmó nueve contratos con el Gobierno de Pedro Sánchez y con comunidades autónomas presididas por líderes del PSOE. Estos contratos, que sumaron un total de 54 millones de euros, se distribuyeron entre diversas entidades, incluyendo Puertos del Estado, Adif, Ministerio del Interior, Canarias y Baleares. Algunos de estos contratos fueron derivados a la Fiscalía Europea debido al uso de fondos europeos.

Además, se destaca que Soluciones de Gestión también obtuvo dos lotes del 'megacontrato' de mascarillas por 2.500 millones de euros adjudicado por el Ministerio de Sanidad bajo la dirección de Salvador Illa. La investigación, que se inició a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, se enfoca en las licitaciones a dedo que, según Vozpópuli, supusieron un enriquecimiento significativo para Soluciones de Gestión. Esta empresa, sin experiencia previa en el sector sanitario y con un número reducido de empleados, experimentó un aumento exponencial en sus beneficios, pasando de declarar cero euros en 2019 a 53 millones en 2020.

La trama Koldo, como la denominan las autoridades, ha puesto bajo la lupa a Koldo García, Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto, acusados de orquestar estas licitaciones a dedo. Se sostiene que los beneficios obtenidos por Soluciones de Gestión representaron un 32% del total, mientras que solo el 13% del dinero público destinado a los contratos de mascarillas se utilizó para sufragar el costo real y transporte de los productos.

En un análisis más amplio, se revela que la empresa Soluciones de Gestión, con la que Cueto tiene conexiones, también figura en investigaciones relacionadas con contratos de suministro de armas con Defex en países como Angola, Camerún y Arabia Saudí. Tras estos acuerdos, la empresa experimentó un período de "inactividad" en 2017 y 2018, según documentación estudiada por el magistrado. Se destaca cómo los beneficios de Soluciones de Gestión se dispararon en los años posteriores a la firma de los contratos de suministro de mascarillas.

El magistrado al frente del caso apunta a un "concierto previo" entre los cabecillas de la trama y el Ministerio de Transportes, ya que la orden para adquirir el material de urgencia coincidió con la firma de los contratos. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que, de los más de 50 millones anotados con estas adjudicaciones, se obtuvo un beneficio del 32%, mientras que solo el 13% del dinero público fue destinado al verdadero propósito de adquirir y traer las mascarillas a España.

Este entramado de acontecimientos, conocido como la trama Koldo, arroja una sombra significativa sobre la gestión de contratos públicos durante la pandemia y plantea cuestionamientos acerca de posibles conexiones políticas en los procesos de adjudicación, llevando a cabo una revisión exhaustiva de las relaciones entre las empresas contratadas y miembros del PSOE.