Más de 50 mujeres acusan al cineasta Eduard Cortés de abuso y acoso
Un grupo de 53 mujeres, en su mayoría vinculadas a la industria cinematográfica, ha acusado al cineasta Eduard Cortés de abuso de poder y acoso sexual. Las denunciantes han señalado que este proceso no solo ha sido difícil emocionalmente, sino también un desafío frente a las barreras legales y sociales existentes. Silvia Grav, portavoz del grupo, destacó en un comunicado y un video la complejidad de enfrentar este tipo de denuncias, especialmente en el ámbito del cine, donde predominan relaciones laborales informales y jerarquías desiguales.
Grav agradeció el apoyo recibido desde que el caso se dio a conocer el pasado 18 de diciembre. Sin embargo, subrayó que todavía persisten muchas “grietas en el sistema legal y social” que perpetúan este tipo de situaciones. Según Grav, la falta de pruebas físicas, derivada de la naturaleza íntima de los abusos, y la prescripción de los delitos antes de que las víctimas procesen su trauma, son algunos de los mayores obstáculos para acceder a la justicia.
En este contexto, Grav hizo un llamado a todas las personas que puedan haber sido afectadas por abusos similares, animándolas a contactar con las denunciantes y asegurándoles apoyo. Según las declaraciones incluidas en el comunicado, la intención del grupo no es buscar venganza, sino construir un sistema que garantice justicia real para las víctimas y evite que estas situaciones sigan ocurriendo en el futuro.
El comunicado también expuso la precariedad en la que operan muchas mujeres en el ámbito cinematográfico. Las denunciantes criticaron la falta de protocolos efectivos contra el abuso y enfatizaron que el rango o prestigio de un agresor no debe convertirse en un mecanismo de impunidad. Además, señalaron que la justicia gratuita en España tiene limitaciones que a menudo dejan a las víctimas en una posición de vulnerabilidad económica y legal.
Otro punto destacado fue la necesidad de reformas legales para facilitar el acceso a la justicia. En este sentido, mencionaron que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, cuyo plazo de reforma venció en octubre de 2023, aún no ha sido completada por el Gobierno. Esta inacción, argumentan, evidencia la falta de recursos adecuados para proteger a las víctimas.
Las mujeres denunciantes consideran que las denuncias públicas tienen un valor intrínseco, especialmente en contextos donde las vías formales resultan inaccesibles o ineficaces. Para ellas, romper el silencio es el primer paso hacia la reparación y un mecanismo legítimo para exigir cambios estructurales. “No buscamos venganza, buscamos sanar”, declararon, insistiendo en la necesidad de un sistema que no solo prometa justicia, sino que la haga efectiva.
En un cierre contundente, Grav y el resto de las denunciantes pidieron a la sociedad que no se conforme con declaraciones simbólicas. Subrayaron que el verdadero cambio provendrá de aquellos que se comprometan activamente a transformar el sistema y proporcionar los recursos necesarios para que las víctimas puedan afrontar sus procesos legales. “El camino es largo, pero aquí estaremos trabajando para construir un sistema mejor”, concluyeron.
