Marlaska deja sin controlar el gas cancerígeno en un tercio de las dependencias de la Guardia Civil

El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, acumula más de un año de retraso en la obligación legal de medir y controlar la presencia de gas radón en dependencias de la Guardia Civil. Este gas radiactivo, cuya inhalación es la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco según la OMS, afecta a 710 cuarteles —el 34% del total—, muchos de ellos casas cuartel donde residen agentes y sus familias, según publica OkDiario.

La exigencia de realizar mediciones entró en vigor el 22 de junio de 2024 con el Real Decreto 1029/2022, pero el proceso de licitación para contratar una empresa que evalúe los riesgos aún no se ha publicado. Interior asegura desde septiembre de 2024 que el expediente está en marcha, pero según la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), esa licitación “fantasma” no existe.

Denuncias y exigencias de explicaciones

La AUGC ha presentado denuncias ante la Inspección de Trabajo y el Consejo de Seguridad Nuclear, reclamando que se realicen las mediciones y se adopten medidas preventivas inmediatas. El responsable jurídico de la asociación, Eugenio Nemiña, también ha exigido explicaciones a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, solicitando el enlace al supuesto expediente de licitación en el portal de contrataciones del Estado. A fecha de hoy, no ha recibido respuesta.

Nemiña advierte que Interior no solo incumple la ley al no medir el gas, sino que no informa a los trabajadores del riesgo ni adopta medidas provisionales como la ventilación diaria, lo que “supone una situación de desamparo total”.

Zonas más afectadas

Según el mapa del CSN, las comunidades con más cuarteles expuestos son:

• Galicia: 196 (109 casas cuartel)

• Extremadura: 162

• Andalucía: 112

• Castilla y León: 73

• Aragón: 56 (47 casas cuartel)

• Castilla-La Mancha: 37

• Canarias: 36

En Galicia, Lugo concentra 44 casas cuartel afectadas; en Aragón, Huesca cuenta con 20; en Toledo, 27; y en Granada, 18. Muchas de estas instalaciones están en sótanos o plantas bajas, lo que incrementa el riesgo de exposición.

Un problema de salud pública

Un estudio de la Universidad de Santiago de Compostela, el Ministerio de Sanidad y el CSN atribuye al radón residencial 1.533 muertes en 2017 (838 tras corregir por altura de vivienda). La AUGC teme que la falta de acción de Interior prolongue la exposición de miles de agentes y familiares a un riesgo que puede pasar inadvertido hasta que ya sea demasiado tarde.

La asociación avisa de que estará vigilante para evitar que Interior publique una licitación “de mínimos” que no aborde de forma efectiva la medición y control de este gas cancerígeno en las instalaciones afectadas.