Koldo admite que pudo coincidir con Aldama y el número dos de Montero en un bar

Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, compareció este martes ante el Tribunal Supremo en relación con las acusaciones formuladas por el empresario Víctor de Aldama, quien ha implicado a varios miembros del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en una trama de pagos ilegales vinculados a la compra de mascarillas durante la pandemia de COVID-19. Durante su declaración, García negó rotundamente haber entregado dinero alguno a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, ni a Carlos Moreno, jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tal y como aseguró Aldama en sus declaraciones previas. Sin embargo, el exasesor reconoció que es posible que en algún momento se haya encontrado de forma casual con el citado Moreno, basándose en los registros de su agenda personal, según publica The Objective.

Las acusaciones de Aldama se produjeron en el marco de su testimonio ante la Audiencia Nacional el pasado 21 de noviembre, donde detalló una serie de pagos ilegales relacionados con el contexto de la compra de material sanitario, incluidos pagos por comisiones que supuestamente fueron entregados a varios miembros del PSOE a cambio de favores políticos. Según Aldama, habría entregado un total de 650.000 euros, de los cuales 250.000 euros correspondían a las comisiones por la compra de mascarillas, y otros 300.000 euros a un asesor de Ábalos, que se corresponderían con otros favores.

Las versiones. Además, Aldama sostuvo que entregó 15.000 euros al actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y 25.000 euros a Carlos Moreno, a través de Koldo García. En su declaración, el empresario afirmó que el pago a Moreno se realizó en relación con un supuesto favor para retrasar un embargo a la empresa Pilot Real Estate, vinculada a una deuda tributaria con la Agencia Tributaria. Según Aldama, el jefe de Gabinete de la ministra Montero consultó con la ministra antes de intervenir en este asunto.

Por su parte, Koldo García desmintió estas acusaciones en su comparecencia en el Tribunal Supremo. En su testimonio, negó que hubiera entregado dinero a Cerdán o a Moreno, y rechazó cualquier implicación en un sistema de sobornos o comisiones ilegales dentro del PSOE.

Encuentros con el número dos de María Jesús Montero. Cuando se le preguntó específicamente si había mantenido reuniones con Carlos Moreno, García admitió que su agenda reflejaba algunos encuentros con él, pero señaló que no había evidencia de que se tratara de encuentros con fines ilícitos. «No sé si me reuní con él, pero es posible que nos encontráramos de casualidad», afirmó García, refiriéndose a los encuentros programados que figuraban en sus registros personales.
La agenda presentada como prueba en el juicio reveló varios encuentros entre Koldo García y figuras clave del PSOE mencionadas por Aldama. En particular, se destacan dos reuniones con Carlos Moreno, una de ellas el 22 de octubre de 2020 en el barrio madrileño de La Latina, y otra el 6 de mayo de 2021, que fue descrita como una comida. Además, la agenda también reflejó una anotación en septiembre de 2020, donde García tenía que contactar con «Carlos Hacienda» para tratar «temas varios». Por otro lado, en cuanto a Santos Cerdán, se registraron al menos dos encuentros con él, uno en el Ministerio de Transportes el 19 de junio de 2020 y otro el 14 de julio del mismo año, aunque el lugar de este último no está especificado.

A lo largo de su declaración, García insistió en que no había entregado ningún sobre con dinero ni realizado pagos a los mencionados dirigentes del PSOE. Rechazó igualmente que él o Ábalos hubieran recibido comisiones relacionadas con contratos públicos o cualquier otro tipo de transacción financiera de carácter ilícito. Además, negó la autenticidad de las notas manuscritas que Aldama había presentado como prueba para respaldar sus acusaciones, insistiendo en que esas anotaciones no eran suyas ni reflejaban ninguna transacción real.

Las acusaciones de Aldama también incluyeron el alegato de que los pagos a Cerdán formaban parte de lo que él describió como el «cupo vasco», un término utilizado por Aldama para referirse a una supuesta distribución de beneficios entre políticos del PSOE a raíz de un desacuerdo sobre un negocio que no prosperó. Según el relato del empresario, Cerdán habría estado molesto por la falta de avances en este negocio y, como resultado, se habrían realizado pagos a modo de compensación. Esta versión fue rechazada de manera tajante por García, quien acusó a Aldama de mentir.

Tensión interna en el PSOE. Estas acusaciones de corrupción surgen en un contexto tenso para el PSOE, después de que Aldama, quien se encontraba en prisión por su implicación en el fraude relacionado con la trama de los hidrocarburos, decidiera revelar detalles de los pagos ilegales durante su testimonio. En consecuencia, varios miembros del PSOE, incluidos Cerdán y Moreno, decidieron tomar medidas legales para defender su honor. El Partido Socialista presentó una demanda de conciliación antes de interponer una querella, lo que refleja la gravedad de las acusaciones y la intención de despejar cualquier duda sobre la integridad de sus dirigentes.

Por su parte, la ministra María Jesús Montero rechazó en su momento las acusaciones de Aldama en una intervención en el Senado, defendiendo tanto a Cerdán como a Moreno. Montero aseguró que estaba dispuesta a «poner la mano en el fuego» por ambos, al mismo tiempo que desmentía las acusaciones de soborno y corrupción que se les imputaban. Ante la afirmación de Aldama de que la ministra «se quemaría la mano» al defender a sus colaboradores, Montero expresó una firme defensa de su equipo, subrayando la honestidad y el compromiso de los miembros de su gabinete.

Este caso sigue siendo objeto de atención judicial, y la declaración de Koldo García ante el Tribunal Supremo se considera un paso más en la investigación sobre las posibles prácticas corruptas dentro del Partido Socialista. La defensa de García y las declaraciones de Aldama continúan generando un intenso debate sobre la legalidad de los pagos realizados y la posible implicación de altos cargos del PSOE en actividades ilegales durante la crisis sanitaria. La resolución de este caso podría tener implicaciones importantes para el futuro político de los implicados y para la confianza pública en las instituciones del país.