En un giro sorprendente en la política española, Junts per Catalunya ha lanzado un ultimátum al Gobierno de Pedro Sánchez: o se modifica la Ley de Amnistía para incluir delitos de terrorismo y alta traición, o retirarán su apoyo, poniendo en riesgo la estabilidad gubernamental. Jordi Turull, secretario general del partido independentista, ha declarado que el acuerdo inicial con el PSOE era resolver un conflicto político con la base de la Ley de Amnistía. Si esta base falla, Junts considera innecesario continuar con el apoyo.

El partido exige una ley "blindada, integral y de aplicación inmediata", subrayando la necesidad de cerrar cualquier brecha legal que pudiera dejar fuera de la amnistía a figuras como Carles Puigdemont y Marta Rovira. La postura de Junts se intensifica ante las recientes decisiones judiciales y las complicaciones con la legislación propuesta.

Turull ha resaltado que la ley actual dejaría fuera numerosas causas abiertas relacionadas con los CDR, Operación Judas, y los casos Volhov y Tsunami. Además, ha enfatizado que la fuga a Suiza del diputado de ERC, Ruben Wagensberg, investigado por terrorismo, subraya la urgencia de una amnistía "para todos".

El PSOE enfrenta un dilema: ceder a las demandas de Junts podría traer consecuencias negativas con la Unión Europea, que ya ha confirmado una "investigación en marcha" sobre la ley. La Comisión Europea ha rehusado entregar información relacionada con la Ley de Amnistía, citando la investigación en curso.

En medio de esta tensión política, voces dentro del PSOE ya consideran la posibilidad de nuevas elecciones tras el fiasco de la amnistía. La situación política en España se encuentra en un punto crítico, con el futuro de la Ley de Amnistía y la estabilidad del Gobierno en juego.