Un Juzgado de Sevilla ha abierto juicio contra los exconsejeros socialistas de Empleo Antonio Fernández y Manuel Recio y otros seis acusados por las subvenciones totales de 33,3 millones de euros concedidas supuestamente de forma arbitraria al entramado de sociedades del exconsejero de Hacienda, Ángel Ojeda, ya fallecido.

Según ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado, en enero de 2022 ya se declaró extinguida la responsabilidad penal de este último para los cursos de formación de los extrabajadores de la multinacional de automoción Delphi.

En un reciente auto, al que también ha tenido acceso EFE, el magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla acuerda abrir juicio oral contra los dos exconsejeros de Empleo.

En concreto están citados como presuntos responsables penales y civiles directos de delitos continuados de prevaricación, administrativa y malversación, mientras que también abre juicio oral contra los otros seis investigados como presuntos responsables penales y civiles directos de delitos continuados de fraude de subvenciones.

Estos seis investigados son un hijo del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda y otras cinco personas que tenían una dependencia laboral o vinculación societaria con las empresas dirigidas por dicho exconsejero.

El juez, asimismo, abre juicio oral contra cinco entidades en calidad de responsables civiles subsidiarios de la comisión de delitos continuados de fraude de subvenciones, y contra otras nueve entidades en calidad de partícipes a título lucrativo de la comisión de estos últimos delitos.

El instructor, que declara órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa a la Audiencia de Sevilla, requiere tanto a los acusados como a dichas entidades para que presten distintas fianzas de hasta 32,78 millones de euros.

Requiere concretamente a los exconsejeros Antonio Fernández y Manuel Recio para que presten fianzas por valor de 26,81 millones y 9,72 millones, respectivamente, mientras que a los otros seis acusados les reclama fianzas que oscilan entre los 32,78 millones de euros y los 6,75 millones.

El juez ha tomado la decisión de abrir juicio oral contra estos ocho acusados y las entidades referidas tras los escritos de acusación presentados por la Fiscalía Anticorrupción, la Junta de Andalucía, el PP-A y la Tesorería General de la Seguridad Social.

El juzgado explica la situación generada en la Bahía de Cádiz con motivo del cierre de Delphi y señala que, para atender la problemática social sobre este área geográfica, la Junta -a través de sus responsables políticos- anunció su compromiso de atender de forma específica a los afectados y conseguir su recolocación.

Una vez producido el despido, los afectados por el cierre de la factoría fueron incluidos en el denominado "Dispositivo de tratamiento singular", en cuyo desarrollo el juez destaca varias etapas.

Los hechos investigados en esta causa estarían encuadrados en la segunda de ellas, desde el 1 de septiembre de 2009 hasta el 28 de febrero de 2011, cuando una serie de empresas y entidades impartieron formación a los acogidos a dicho dispositivo "simulando una contratación laboral".

El coste de la formación y de la contratación -salarios y cotizaciones a la Seguridad Social- se financió a través de subvenciones directas, y excepcionalmente un número proporcionalmente reducido de extrabajadores de Delphi sí prestaron servicios laborales efectivos, en concreto los contratados por Gadir Solar y una parte de los incorporados por Alestis Aerospace.

El instructor afirma que los exconsejeros de Empleo investigados asumieron estos compromisos y acordaron establecer y mantener este sistema de subvenciones a la contratación, "a pesar de ser conocedores que la normativa en vigor en modo alguno amparaba dicho sistema y que se simulaban contratos de trabajo que no se correspondían con la realidad".

Para ello, habrían puesto en marcha un irregular sistema de concesión de subvenciones excepcionales y arbitrarias, que se destinaron a la simulación de relaciones laborales para proporcionar prestaciones de la Seguridad Social indebidas a un gran número de extrabajadores de Delphi, con la colaboración de las asociaciones y fundaciones dirigidas y controladas por Ángel Ojeda.

También a mantener las percepciones de los extrabajadores al margen de la normativa de protección por desempleo.

El juez mantiene que el sistema habría dado lugar, además, a que algunas de las asociaciones beneficiarias de las subvenciones desviaran fraudulentamente una parte considerable del importe de las mismas hacia una serie de entidades vinculadas, con la generación de sobrecostes, la fijación unilateral de precios y la contratación de servicios sin valor para la actividad subvencionada.