La jugada de Ábalos: cambiar al Supremo por la Audiencia y retrasar el juicio hasta diez años
La renuncia tendría un fuerte coste político y económico: perdería su sueldo y consolidaría la imagen de que se aparta del Parlamento para protegerse de la Justicia
El exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, estudia seriamente una jugada de gran calado político y judicial: renunciar a su escaño en el Congreso de los Diputados para sortear al Tribunal Supremo (TS) y llevar el conocido caso Koldo a la Audiencia Nacional (AN). La maniobra, según han explicado expertos jurídicos consultados por Vozpópuli, abriría un calendario de recursos y trámites que podría demorar hasta diez años la llegada de una sentencia firme.
Un cambio de escenario judicial
La pérdida del escaño implica de manera automática la pérdida de la condición de aforado, lo que obligaría al Supremo a inhibirse en favor de la Audiencia Nacional. En ese caso, la investigación volvería previsiblemente a manos del magistrado Ismael Moreno, que fue el primero en abrir diligencias tras las confesiones del empresario Víctor de Aldama, clave en el estallido del escándalo.
Moreno tendría que valorar si practica nuevas testificales, periciales o diligencias adicionales, lo que de entrada supondría un año más de retraso. Posteriormente, en caso de que Ábalos fuera procesado, podría interponer un doble recurso: uno de reforma ante el propio juez instructor y otro de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Cada trámite añadiría tiempo y ralentizaría la marcha del procedimiento.
El juicio, aún más lejano
La apertura de juicio oral tampoco aceleraría las cosas. Se trataría de una causa sin preso, puesto que la lógica procesal apunta a que, pasados dos años, Santos Cerdán –otro de los principales implicados– estaría ya en libertad provisional tras decaer el riesgo de fuga o destrucción de pruebas.
En la práctica, los juicios sin reos encarcelados suelen tardar en señalarse entre dos y tres años más debido a la saturación de la Audiencia Nacional, que prioriza causas con presos preventivos, especialmente en casos de terrorismo, narcotráfico o extradiciones internacionales.
Así, sumando las fases de instrucción, recursos previos y retrasos en la señalización del juicio, Ábalos podría ganar entre cuatro y cinco años sin sentarse en el banquillo.
Recursos tras una hipotética condena
El calendario se prolongaría aún más si se dictara una sentencia condenatoria. El exministro tendría derecho a interponer un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, trámite que puede extenderse entre uno y dos años.
Después, cabría un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que es el órgano que resuelve en última instancia. Este procedimiento suele añadir otros dos años adicionales. En total, el proceso completo podría alargarse hasta diez años, lo que situaría a Ábalos en torno a los 75 años de edad cuando llegara la sentencia definitiva.
A esa edad, la legislación contempla la posibilidad de aplicar la libertad provisional para mayores de 70 años, circunstancia que en la práctica podría permitirle evitar el ingreso en prisión pese a una eventual condena.
Ventajas y riesgos de la maniobra
Aunque desde el punto de vista de la defensa la estrategia se presenta como una opción para «ganar tiempo», no está exenta de riesgos. En primer lugar, la Audiencia Nacional tiene fama de aplicar con mayor frecuencia la prisión preventiva en macrocausas de corrupción con fuerte repercusión mediática, a diferencia del Supremo, que actúa con más contención en estas medidas.
Además, expertos jurídicos consultados señalan que la AN suele desarrollar instrucciones más expansivas, con tendencia a acumular piezas y mantenerlas abiertas durante años, lo que podría erosionar la capacidad de defensa de Ábalos y exponerle a actuaciones vinculadas a terceros, como Koldo García o el propio Santos Cerdán.
Desde el plano político, la renuncia al escaño también tendría un fuerte impacto. Supone perder más de 6.500 euros mensuales entre sueldo, indemnización y complementos, y consolidaría en la opinión pública una narrativa de «culpabilidad tácita», al transmitir la idea de que abandona el Parlamento para protegerse de la Justicia. Por contra, mantener su acta le permite sostener un discurso de «firmeza», presentándose como alguien que no se esconde y afronta el proceso con todas las garantías.
Una decisión inminente
Aunque en público Ábalos asegura que no tiene previsto dar el paso «de manera inmediata», en su entorno reconoce que la decisión del Supremo de dividir la causa en dos piezas –mascarillas y obras públicas– le obliga a reflexionar. El primer juicio, relativo a las mascarillas adquiridas durante la pandemia, podría celebrarse antes de Navidad, lo que acelera los tiempos y presiona al exministro a decidir pronto.
Entre la conveniencia política de resistir y el cálculo judicial de ganar oxígeno, el futuro de Ábalos sigue en el aire. Lo cierto es que, con su estrategia, el exministro socialista podría no conocer sentencia firme hasta dentro de una década, cuando la edad avanzada le permitiría eludir la cárcel aunque se demostraran los delitos que se le imputan.
