El juez detecta versiones opuestas en el 'Caso Begoña': Bolaños podría haber mentido

El juez detecta versiones opuestas en el 'Caso Begoña'

Durante el interrogatorio, el juez Peinado se centró en determinar quién ordenó la contratación de Cristina Álvarez, asesora señalada en la pieza separada que investiga un presunto delito de malversación. Bolaños aseguró que el procedimiento fue legal y se realizó “conforme a lo establecido”, pero no precisó quién propuso a la candidata para el puesto ni quién supervisaba sus tareas directamente.

El juez confrontó la declaración del ministro con la de Alfredo González, vicesecretario de Presidencia, quien sí lo señaló como responsable político del nombramiento. Bolaños respondió: “Hasta donde puedo saber, sí”. Para Peinado, la ambigüedad del testimonio fue evidente y apuntó la posibilidad de un careo entre ambos.

La Moncloa, escenario de la declaración

La diligencia tuvo lugar en un despacho del complejo presidencial después de una negociación entre el juez y el ministro. Peinado había solicitado interrogarle en el Ministerio de Justicia, pero Bolaños alegó motivos de seguridad. La solución fue un coche oficial con condiciones marcadas por el magistrado, quien incluso impidió que un escolta viajara en el mismo vehículo.

La comparecencia fue tensa desde el principio. Los primeros 40 minutos se consumieron en localizar una tarima que el juez exigió para mantenerse en posición elevada sobre el testigo, gesto simbólico que marcó el tono del interrogatorio.

El ministro evita asumir responsabilidad

Bolaños reiteró que no conocía a Álvarez cuando fue contratada y que no participó directamente en el proceso. Afirmó que la asesora “nunca fue subordinada suya” y que trabajaba en otro edificio dentro de Moncloa. Sin embargo, reconoció que más adelante mantuvieron relación profesional.

Ante la pregunta clave sobre quién fue el responsable directo del contrato, Bolaños no supo responder y solicitó una pausa para consultar. Media hora más tarde, indicó que esa responsabilidad recaía en Raúl Díaz Silva, encargado de la coordinación del personal del Palacio presidencial.

El precedente que inquieta a Moncloa

Fuentes jurídicas no descartan que esta contradicción pueda derivar en nuevas diligencias, como ocurrió en ocasiones anteriores cuando testigos terminaron imputados. Aunque Bolaños está aforado ante el Supremo, el juez Peinado podría elevar una exposición razonada si considerara que hay indicios de delito.

El caso mantiene en tensión al Ejecutivo, especialmente tras la presión creciente de la oposición. El PP ha solicitado la dimisión inmediata de Bolaños, acusándolo de falta de transparencia y de encubrimiento. Desde el Gobierno se defiende la legalidad del proceso, aunque se evita entrar en detalles sobre la contratación en cuestión.

Una asesoría con afinidad personal

Según el informe remitido por Moncloa al juzgado, la asesora ejercía funciones de “colaboración inmediata, de carácter logístico y organizativo” con Begoña Gómez. El juez cuestionó si esas tareas justificaban una contratación de nivel 26, y si el vínculo personal con la esposa del presidente había sido determinante.

Este punto refuerza la tesis de las acusaciones populares, que consideran que se ha producido un trato de favor encubierto con recursos públicos. Organizaciones como Vox, Hazte Oír y Manos Limpias ya se han personado en la causa, aumentando la presión judicial sobre el entorno presidencial.

El caso se complica

La declaración de Bolaños, lejos de aclarar el procedimiento, ha introducido más dudas en el Caso Begoña. Las versiones enfrentadas entre altos cargos del Ejecutivo podrían abrir la puerta a nuevas imputaciones. En un contexto ya marcado por el escándalo de Ferraz y el caso Koldo, esta causa representa otro foco de desgaste institucional para el Gobierno de Pedro Sánchez.