En una revelación que ha sacudido los cimientos de la gestión de la pandemia, se ha descubierto que el Ministerio del Interior, Puertos del Estado, ADIF y el grupo Globalia respaldaron las mascarillas suministradas por la trama dirigida por Koldo García Izaguirre. Este individuo, señalado como el supuesto cabecilla de la trama de compra durante la crisis sanitaria, habría sido la mano derecha del exministro José Luis Ábalos, según informó de manera exclusiva el diario El Español.

Los documentos obtenidos por el medio revelan que estas entidades gubernamentales y corporativas otorgaron su aval en una fecha específica, coincidiendo casi de manera exacta con la aprobación por parte del Govern de Francina Armengol. Lo sorprendente es que, según fuentes confiables de El Español, Armengol tenía pleno conocimiento de que las mascarillas proporcionadas por la empresa vinculada a García, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, no cumplían con los rigurosos requisitos técnicos establecidos por el Ministerio de Sanidad.

La investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo el nombre de Operación Delorme, ha puesto al descubierto un patrón alarmante. Las administraciones públicas que otorgaron contratos a Soluciones de Gestión emitieron certificados de contenido prácticamente idénticos entre el 12 y el 13 de agosto de 2020. Estos documentos afirmaban que la empresa había cumplido de manera satisfactoria con las exigencias de los pedidos.

Este capítulo oscuro en la gestión de las mascarillas durante la pandemia, que tuvo su punto álgido en marzo de 2020 con la declaración del primer estado de alarma, continúa siendo escudriñado por al menos cinco tribunales. La Audiencia Nacional, la Fiscalía Europea, un juzgado de Las Palmas y tres de Madrid están inmersos en investigaciones que abarcan desde presuntas comisiones irregulares en las adjudicaciones de contratos hasta delitos contra la Hacienda Pública cometidos por empresarios, así como malversación o delitos contra los trabajadores por parte de la Administración.

Fuentes jurídicas consultadas indican que el número de investigaciones podría aumentar, ya que algunas causas podrían estar siendo instruidas bajo secreto, tal como sucedió hasta ahora con el conocido 'caso Koldo'. Esta revelación, en el contexto de la pandemia, resalta la necesidad de un escrutinio exhaustivo sobre la transparencia y la integridad en las decisiones gubernamentales y la asignación de contratos en tiempos de crisis sanitaria.