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El informe de la UCO que apunta a Moncloa: red de favores, contratos opacos y presión institucional

La investigación judicial traza un retrato cada vez más nítido del ecosistema de relaciones, decisiones y omisiones que comprometen al círculo político más cercano al presidente del Gobierno

El presidente de España, Pedro Sánchez. / Johannes Neudecker
El presidente de España, Pedro Sánchez. / Johannes Neudecker

En un informe de más de doscientas páginas que recoge El Mundo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha aportado al Tribunal Supremo nuevos elementos que refuerzan la tesis de una estructura articulada de favores, nombramientos y contrataciones públicas irregulares, presuntamente impulsadas desde los entornos de poder más elevados del Ejecutivo.

Los nombres que se repiten en los dosieres judiciales —José Luis Ábalos, Koldo García, Víctor de Aldama, Begoña Gómez— conforman un mosaico de relaciones personales y políticas que tiende a converger, cada vez con más claridad, en el núcleo de La Moncloa.

De Air Europa a contratos fantasma: los puntos clave

Los hechos investigados, desvelados en parte por filtraciones y comparecencias parlamentarias, abarcan desde el rescate de Air Europa en 2020 hasta los presuntos contratos opacos vinculados a personas emocionalmente próximas a altos cargos del Gobierno.

Según la UCO, el expresidente de Globalia, Javier Hidalgo, contactó directamente con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, durante las negociaciones para obtener una ayuda estatal de 475 millones de euros. El día de la reunión entre Gómez e Hidalgo, el Consejo de Ministros desbloqueó la operación.

En una conversación intervenida entre Aldama y Koldo García, se hace mención expresa a “Begoña” mientras Hidalgo “se estaba buscando la vida” para salvar su empresa. Los investigadores no afirman ilegalidad, pero señalan su presencia activa en un contexto de decisiones económicas de gran calado.

Contratos, beneficios y posibles falsedades

El informe también documenta vínculos entre Ábalos y dos mujeres contratadas en empresas públicas, sin que conste evidencia clara de que ejercieran funciones laborales reales.

  • Jésica Rodríguez, expareja del exministro, declaró: “No sabía dónde trabajaba”, pese a cobrar desde Ineco, empresa del Ministerio de Transportes.

  • Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, negó bajo juramento haber facilitado dicha contratación. Los mensajes intervenidos sugieren lo contrario. La posibilidad de falso testimonio ante el Supremo está bajo análisis judicial.

También se investiga el uso de propiedades privadas, como un chalet en La Alcaidesa (Cádiz) y una mansión en Marbella, supuestamente cedidas a Ábalos por empresarios ligados al negocio de las mascarillas y a operaciones de rescate público.

¿Red clientelar desde los inicios del Gobierno?

La fundación de esta presunta red de influencias se remonta, según la Guardia Civil, a los primeros meses del Gobierno Sánchez, con Ábalos como nexo entre el poder político y actores empresariales beneficiarios.

El informe apunta a creación de sociedades ad hoc, pagos sin justificación documental y uso de relaciones personales en procesos institucionales. Estos elementos cuestionan la capacidad de control interno del Ejecutivo y la independencia en la asignación de fondos durante la pandemia.

En Ferraz, el portavoz del PSOE, Patxi López, ha reconocido que “no les gusta nada” lo que se está publicando. No obstante, el partido insiste en respetar los tiempos judiciales.

Desde otros sectores de la izquierda parlamentaria, crece el malestar no solo por el fondo, sino por el deterioro público que podría acarrear este escándalo en un ciclo electoral cada vez más inestable.

Pedro Sánchez, en el centro simbólico del caso

La figura del presidente aparece de forma indirecta pero constante. Aunque no se le imputa ninguna acción concreta, su cercanía con los protagonistas —Ábalos fue su secretario de Organización y ministro— y el hecho de que Begoña Gómez sea señalada como interlocutora en procesos económicos clave colocan a Sánchez en una posición institucional comprometida.

Para muchos juristas y analistas, el debate sobre su responsabilidad política, aunque aún no formulado en términos judiciales, ya está instalado.

En este contexto, el silencio estratégico de Moncloa no ha logrado contener el efecto público. La pregunta que sobrevuela los informes, las portadas y las conversaciones en despachos oficiales no es si se sabrá más, sino hasta dónde puede llegar lo que ya se sabe.

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