El Gobierno de Sánchez concedió siete contratos a Barrabés el mismo día que el juez reactivó la causa contra Begoña Gómez

El Gobierno concedió el pasado 4 de noviembre un total de siete contratos públicos a Juan Carlos Barrabés, empresario imputado en el conocido como «caso Begoña». La adjudicación, por valor de 111.048,3 euros, se produjo el mismo día en que el juez Juan Carlos Peinado rechazó el archivo de la causa contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y decidió continuar la instrucción por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y malversación.

Según la documentación a la que ha accedido OKDIARIO, los contratos fueron firmados con la empresa Barrabés Ski Montaña, perteneciente al conglomerado empresarial del imputado. Los lotes adjudicados estaban destinados a la adquisición de material técnico para el Ejército, incluyendo arneses, cascos, mosquetones y otros equipos de escalada.

Conexiones con la cátedra de Begoña Gómez

Barrabés, que figura como socio y docente en la Cátedra de Transformación Social Competitiva que dirigió Gómez en la Universidad Complutense, está siendo investigado por haber resultado beneficiario de adjudicaciones públicas tras el respaldo expreso de esta. En concreto, la esposa del presidente firmó cartas de recomendación en dos licitaciones de Red.es, entidad pública que acabó otorgando contratos por más de 10 millones de euros a su socio.

Un informe de la Intervención General del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, concluyó recientemente que las adjudicaciones se realizaron en “fraude de ley”. Entre las anomalías detectadas figuran valoraciones subjetivas irregulares, incumplimientos del pliego de condiciones y puntuaciones manipuladas para beneficiar a determinados licitadores.

Contratos continuados a pesar de la imputación

Desde que Barrabés fue imputado el 19 de julio de 2024, el Gobierno ha seguido otorgando contratos a sus empresas por un valor superior a 1,3 millones de euros. Destaca una adjudicación de 1,27 millones, formalizada en agosto, para la dotación de material de montaña a unidades de la Guardia Civil, dependiente del Ministerio del Interior. En esa ocasión, su firma se hizo con la mitad de los lotes licitados.

Los contratos han sido tramitados por varios ministerios, especialmente Defensa e Interior, y también por organismos vinculados al Ministerio de Trabajo, como la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae).

Precisamente, Fundae prorrogó en julio de 2025 un contrato adjudicado en diciembre de 2023 a otra empresa de Barrabés, Innova Next SL, por valor de 339.584,81 euros, para el diseño de herramientas en proyectos de emprendimiento financiados con fondos europeos Next Generation. La extensión del contrato, que se prolongará hasta junio de 2026, fue firmada cuatro días antes de la publicación del informe de Hacienda que cuestionaba la legalidad de las adjudicaciones a esta firma.

El juez Peinado, que mantiene la instrucción abierta, rechazó expresamente el intento de archivo de la causa planteado por las defensas y la Fiscalía. Además, citó como imputada a la actual secretaria general de la Presidencia del Gobierno, Judit Alexandra González, y mantiene la calificación de la causa como susceptible de ser juzgada por un tribunal del jurado popular.

El caso se enmarca en una investigación más amplia sobre el uso de recomendaciones institucionales y posibles interferencias desde el entorno de La Moncloa en procesos de contratación pública. Los próximos pasos judiciales se centrarán en aclarar si existió connivencia entre responsables públicos y empresas afines para orientar licitaciones con fondos públicos a determinados beneficiarios.