El Gobierno confía en Puigdemont tras su encuentro con Illa para aprobar la jornada laboral

El Gobierno tendrá la oportunidad de comprobar si la reunión de este martes entre Salvador Illa y Carles Puigdemont en Bruselas ha suavizado la postura de Junts sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, un cambio legislativo que beneficiará a 12,5 millones de asalariados.

El miércoles 10 de septiembre se llevará al Pleno del Congreso el debate y la votación de las enmiendas a la totalidad que los partidos PP, Vox y Junts han presentado al proyecto de ley estrella de Yolanda Díaz para esta legislatura. La votación servirá para saber si Junts finalmente cede, o si la presión de la patronal catalana sigue marcando su postura.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había intentado elevar esta norma al último Pleno del curso pasado, pero se vio obligada a reculó in extremis debido a la falta de acuerdo con Puigdemont. En esta ocasión, tanto Díaz como el PSOE se encuentran en un punto crítico, ya que no tienen garantías de que los independentistas catalanes cambien su postura. Si no lo hacen, el proyecto de ley podría quedar en el aire, obligando al Gobierno a comenzar de nuevo. Game over.

El Ejecutivo está a la espera de que el encuentro entre Illa y Puigdemont haya servido para suavizar la posición de los independentistas. Si estos se mantienen firmes, la reducción de la jornada laboral, uno de los proyectos más relevantes de la legislatura, podría fracasar. Para el Gobierno, esta votación es decisiva. "Es una votación muy importante", aseguran fuentes del Ejecutivo, que admiten estar lidiando con negociaciones complicadas.

Desde el Ministerio de Trabajo, señalan con impaciencia que "el Gobierno ya ha hecho su trabajo". Según la vicepresidenta Díaz, la ciudadanía ya ha expresado su apoyo en la calle y en los centros de trabajo. Ahora es el turno de los grupos políticos para convertir ese consenso social en un acuerdo parlamentario.

Aún así, la tarea de Yolanda Díaz no es fácil. En esta votación se juega una bola de partido de dimensiones similares a la que se enfrentó en la pasada legislatura con la reforma laboral, que logró salvar por un error técnico del diputado Alberto Casero (PP). Esta vez, no parece que se pueda confiar en la suerte. Díaz necesita que los de Puigdemont se abstengan de votar en contra, retiren su enmienda a la totalidad y abran la puerta a negociar las enmiendas parciales.

Los independentistas catalanes ya han expresado su malestar, señalando que la norma ha sido negociada exclusivamente con los sindicatos españoles y que no tiene en cuenta la singularidad del tejido productivo y laboral de Cataluña. En palabras de la propia Yolanda Díaz, "la productividad catalana duplica por hora trabajada la media española", lo que debería reflejarse en un trato distinto para Cataluña en la aplicación de la ley.

Para la vicepresidenta, "el tejido empresarial catalán también tiene perfil propio", y ya el 30% de los convenios laborales firmados en Cataluña el año pasado incorporan una jornada laboral inferior a las 40 horas. Sin embargo, Díaz no puede permitirse un fracaso en esta legislación, ya que eso podría dañar su imagen política, especialmente en un contexto en el que Sumar atraviesa una crisis interna y Podemos le disputa el espacio político.

Por el momento, el PSOE se muestra más escéptico que la propia Díaz sobre el resultado de las negociaciones. Los socialistas creen que Junts no cederá, pues los intereses del empresariado catalán presionan para que no haya avances. No obstante, el encuentro con Illa ha generado algunas esperanzas, y la verdadera prueba de fuego será el próximo miércoles 10 de septiembre.