En un sorprendente desarrollo de la investigación que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional contra la organización independentista Tsunami Democràtic por presuntos delitos de terrorismo, el Juez Manuel García-Castellón ha tomado una decisión trascendental. El lunes pasado, el magistrado decidió imputar a la secretaria general y número dos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira, quien se encuentra en Suiza desde 2018, y ha dirigido por primera vez sus pesquisas hacia el expresidente catalán Carles Puigdemont. Este último también está interesado en tomar declaración en calidad de investigado por su presunta implicación en los acontecimientos relacionados.

El juez García-Castellón, a través de un auto, ofrece a Carles Puigdemont la oportunidad de comparecer voluntariamente ante la Audiencia Nacional, ya que es miembro del Parlamento Europeo, antes de solicitar el correspondiente suplicatorio para obtener su declaración por parte de la Eurocámara. Esto se basa en el artículo 188 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite a Puigdemont declarar por voluntad propia o por videoconferencia desde Bruselas.

El magistrado tomó la decisión de situar a Marta Rovira y Carles Puigdemont como investigados después de recibir un informe de 202 páginas de la Guardia Civil. Este informe detalla la creación, estructura, líderes, financiación y hoja de ruta de Tsunami Democràtic, el colectivo independentista que generó disturbios en las calles de Cataluña tras la sentencia condenatoria de los líderes del proceso independentista en el otoño de 2019.

El informe de la Guardia Civil puso a Marta Rovira en el centro de la investigación. Tras el análisis de una serie de mensajes intercambiados a través de la aplicación de mensajería cifrada Threema, la Guardia Civil concluyó que Rovira actuaba bajo el seudónimo 'Matagalls' y desempeñaba un papel clave en la coordinación de la búsqueda de apoyo institucional y político para Tsunami Democràtic, un movimiento con la intención de causar "grandes perjuicios a las principales estructuras del sistema económico" en España.

El juez Manuel García Castellón, después de un análisis exhaustivo del informe presentado por la Guardia Civil, ha citado a declarar como investigados a Rovira, Puigdemont y otras nueve personas, incluyendo al empresario Oriol Soler, el exconsejero de ERC Xavier Vendrell, el consejero de Omnium Cultural Oleger Serra, así como otros posibles implicados en la creación y gestión de Tsunami Democràtic, como Marta Molina, Josep Campmajó, Jesús Rodríguez, Jaume Cabani y Nicola Flavio.

El juez señaló que "los hechos podrían calificarse de forma indiciaria como de terrorismo". En cuanto a Carles Puigdemont, el magistrado considera esencial interrogarlo acerca de su presunta participación en los acontecimientos bajo investigación. El auto indica que su citación solo puede hacerse en calidad de investigado, asistido por un abogado, ya que el interrogatorio se centraría en cuestiones incriminatorias evidentes.

La agenda de Puigdemont, según el juez, aparece en un mensaje entre Alay y Jesús Rodríguez, en el que se menciona: "El lunes 26 de agosto se darán a conocer los perfiles de la campaña Tsunami Democràtic como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo. Supongo que desde ÓMNIUM informarán directamente al presidente PUIGDEMONT. Te lo avanzo para que tenga constancia". Además, el auto sostiene que Alay aparentemente estuvo presente en la reunión en Ginebra mencionada en otro mensaje por la exportavoz de ERC Marta Vilalta.

Adicionalmente, el magistrado ha decidido citar a Arnaldo Otegi, líder de Bildu, como testigo para esclarecer su participación en una de las reuniones celebradas en Ginebra con dirigentes independentistas catalanes a finales de agosto. El magistrado busca obtener testimonio de Vilalta y Otegi, en calidad de testigos, para profundizar en la participación de los diferentes líderes en esa reunión y aclarar si se convocó para dar luz verde a las acciones de Tsunami Democràtic.