La Fiscalía podría archivar todas las querellas por la gestión de la DANA
Las acusaciones, que incluyen delitos como omisión del deber de socorro y homicidio imprudente, no cumplen los requisitos necesarios para ser tipificadas como tales, según han indicado fuentes judiciales a The Objective.
Denuncias y acusaciones sin base penal
Desde el pasado 29 de octubre, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha recibido nueve denuncias contra Sánchez y los ministros Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Teresa Ribera. Entre las acusaciones se incluye no haber decretado el estado de alarma, una medida que, según los denunciantes, habría permitido una mayor coordinación y movilización de recursos para afrontar la emergencia.
Sin embargo, fiscales y magistrados sostienen que la no adopción de esta medida, aunque pueda ser políticamente o administrativamente cuestionable, no constituye un delito penal. Para establecer delitos como homicidio imprudente, sería necesario demostrar una relación directa entre la omisión y las muertes registradas durante la catástrofe, algo que los expertos consideran "extremadamente difícil de probar".
El estado de alarma: una competencia nacional
De acuerdo con abogados del Estado consultados, el Gobierno central era el responsable de declarar el estado de alarma ante una catástrofe de esta magnitud. La Ley Orgánica 4/1981, que regula los estados de alarma, excepción y sitio, establece que el estado de alarma puede ser aplicado en casos de catástrofes naturales como inundaciones.
«El estado de alarma es una herramienta constitucional diseñada para gestionar crisis que exceden las competencias autonómicas», explican. Sin embargo, la no utilización de esta medida, aunque relevante desde el punto de vista político, no puede ser considerada una omisión de socorro en el ámbito penal, ya que este delito requiere una intención dolosa o una negligencia clara que cause directamente un daño.
La responsabilidad política, en el centro del debate
Para los expertos, la gestión de la DANA representa un caso de responsabilidad política o administrativa, más que penal. La decisión de no declarar el estado de alarma, aunque discutible, no reúne los elementos necesarios para tipificar un delito.
«Un error de gestión o valoración no constituye automáticamente una acción criminal», señalan las mismas fuentes. Además, subrayan que la criminalización de este tipo de decisiones podría generar una confusión entre las esferas de responsabilidad política y judicial.
Críticas desde la oposición
A pesar de que las denuncias no prosperarán en los tribunales, las críticas políticas hacia el Ejecutivo se mantienen. El Partido Popular ha insistido en que la no declaración del estado de alarma fue un error que complicó la respuesta a la emergencia. También ha señalado que la decisión de Sánchez de no asumir directamente la coordinación de la crisis evidencia una falta de liderazgo en un momento crítico.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, también ha acusado al Gobierno central de un "apagón informativo" durante las horas clave de la tragedia. Mazón sostiene que las circunstancias superaban las capacidades de las comunidades autónomas afectadas, por lo que el Estado debió haber intervenido con mayor contundencia.
Un marco político, no penal
La gravedad de la DANA, que dejó 216 fallecidos y graves daños materiales, ha avivado el debate sobre la capacidad del Estado para gestionar emergencias de esta naturaleza. Sin embargo, tanto desde la Fiscalía como desde el Supremo insisten en que trasladar este caso al ámbito penal sería inapropiado.
En conclusión, aunque la gestión de la DANA seguirá siendo objeto de debate político, las acusaciones contra Sánchez y sus ministros no encontrarán cabida en los tribunales. Según las fuentes consultadas por The Objective, cualquier depuración de responsabilidades debe realizarse a través de los mecanismos democráticos y administrativos, y no mediante la vía penal.
