La Fiscalía pide prisión sin fianza para Cerdán al considerar que lidera la trama del PSOE
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este lunes prisión provisional sin fianza para Santos Cerdán, al considerarlo el principal responsable de una trama corrupta ligada a contratos de obra pública adjudicados desde el Ministerio de Transportes
El fiscal Anticorrupción ha solicitado este lunes el ingreso en prisión provisional sin fianza para el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el contexto del denominado caso Koldo, también conocido como la 'trama PSOE'. La petición ha sido formulada tras su declaración como imputado ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, y se suma a la solicitud similar realizada por las acusaciones populares, unificadas en la representación legal del Partido Popular.
Según informa OKDIARIO, el procedimiento gira en torno a una presunta red de comisiones ilícitas vinculadas a la adjudicación de contratos de obra pública, una estructura operativa que, según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tendría su origen en Navarra en 2015 y en la que estarían implicados también el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.
Acusación y contexto
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, sostiene que Cerdán habría tenido un papel activo en la gestión de fondos, actuando como mediador entre empresas adjudicatarias y responsables políticos. El informe policial le atribuye un rol progresivo en la estructura: desde colaborador inicial en Navarra, pasando a gestor de pagos durante la etapa ministerial de Ábalos, hasta retomar supuestamente el control tras su caída.
Los contratos bajo sospecha se adjudicaron a constructoras como Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). Solo en el caso de Acciona, las comisiones ilícitas podrían haber alcanzado los 620.000 euros, con 450.000 euros aún pendientes de abono, según la UCO.
El contrato de Servinabar
Uno de los elementos centrales de la acusación es la posesión del 45% de la sociedad Servinabar 2000 S.L. por parte de Cerdán, según acredita un contrato privado incautado en el domicilio del empresario Antxón Alonso Egurrola, actualmente en paradero desconocido. La sociedad habría recibido más de 75 millones en adjudicaciones del Gobierno navarro.
La defensa de Cerdán cuestiona la validez jurídica del documento, señalando que se trata de un contrato privado no elevado a escritura pública, aunque el Consejo General del Notariado aclara que ese tipo de acuerdos sí tienen efectos legales entre las partes.
Impacto político y judicial
Tras hacerse público el informe de la Guardia Civil el pasado 12 de junio, Cerdán dimitió de su cargo en la Ejecutiva del PSOE y renunció a su escaño en el Congreso, lo que permitió al Supremo citarle sin necesidad de procedimiento parlamentario adicional.
Durante su declaración, el exdirigente socialista —que fue recibido entre gritos de “ladrón” y “chorizo” a su llegada al tribunal— reiteró que no se reconoce en los audios incluidos en el informe policial. Una línea de defensa ya utilizada por Ábalos y Koldo, quienes también negaron su implicación directa.
El magistrado instructor deberá ahora decidir si impone medidas cautelares, como en los casos anteriores: prohibición de salir del país, retirada de pasaporte y comparecencias periódicas ante el juzgado.
Próximas comparecencias
El procedimiento continuará el próximo viernes con la declaración de los empresarios Antonio y Daniel Fernández Menéndez (OPR) y José Ruz (LIC), y el 7 de julio está prevista la comparecencia de Antxón Alonso Egurrola y Fernando Merino, exdirectivo de Acciona, que según el informe de la UCO actuó como enlace clave en varias adjudicaciones bajo sospecha.
