Los fiscales piden seis años de cárcel para García Ortiz
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha solicitado al Tribunal Supremo una pena de seis años de prisión y doce de inhabilitación para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos, en concurso con un delito de prevaricación. La acusación se enmarca en la causa abierta por la filtración de un correo confidencial relacionado con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Acusación formal por parte de fiscales
El escrito de acusación, al que ha tenido acceso El Debate, ha sido registrado ante la Sala de lo Penal del Alto Tribunal por un grupo de fiscales representados por los letrados Juan Antonio Frago Armada, Verónica Suárez García, Álvaro Bernad Sánchez y Napoleón Cánovas Fernández. En el mismo se solicita, además, la suspensión inmediata de García Ortiz de empleo y sueldo mientras dure el proceso judicial, hasta que se dicte sentencia firme.
Según el documento, el fiscal general y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández —también coprocesada en la causa—, abusaron de su posición institucional para «perseguir objetivos privados y políticos», utilizando los recursos del Ministerio Fiscal para obtener y difundir información confidencial de un ciudadano sin autorización.
Una filtración con consecuencias personales y procesales
La acusación gira en torno a la filtración del correo electrónico fechado el 2 de febrero de 2024, remitido por el abogado Carlos Neira —representante legal de González Amador— al fiscal asignado al caso, Julián Salto. En ese correo, se ofrecía un acuerdo de conformidad penal, que implicaba el reconocimiento de dos delitos fiscales a cambio de evitar juicio.
Los abogados de la APIF sostienen que dicha comunicación fue entregada al fiscal general por Rodríguez y que García Ortiz facilitó posteriormente su contenido a un medio de comunicación (la Cadena SER), sin autorización del afectado. Esta acción, afirman, rompió las garantías del proceso penal, vulneró el derecho a la defensa de González Amador, y tuvo efectos reputacionales y económicos graves para el empresario, al exponerlo públicamente como un “defraudador” antes de existir condena judicial alguna.
Críticas a la Fiscalía por su actuación en defensa del fiscal general
El escrito subraya que la actuación de García Ortiz «degradó de forma absoluta» la imagen institucional de la Fiscalía, que tiene como mandato constitucional actuar con legalidad, imparcialidad y defensa del interés público.
Esta acusación se presenta, además, en un contexto de creciente tensión interna en el Ministerio Público, donde sectores profesionales critican duramente que la Fiscalía esté actuando como "defensora" de su propio jefe, en lugar de velar por la independencia institucional y el respeto a la legalidad.
