La fiscal de Madrid admite que envió los correos a Álvaro García Ortiz: "Solo seguí intrucciones"
La fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ha comparecido este jueves ante el Tribunal Supremo, donde está siendo investigada por un presunto delito de revelación de secretos junto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Según publica el medio El Debate, Rodríguez ha negado cualquier implicación en la filtración de información confidencial sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y ha asegurado que se limitó a cumplir órdenes dentro de la estructura jerárquica del Ministerio Público.
"Cuando el fiscal general me da una instrucción, tengo que actuar, no cuestionarlo", ha declarado ante el magistrado instructor.
Según su versión, no recibió explicaciones sobre las decisiones adoptadas, sino únicamente directrices que acató en virtud del "imperativo legal" que rige en la Fiscalía, una institución altamente jerarquizada.
Borrado de mensajes y evasivas
Rodríguez ha reconocido que mantuvo comunicaciones con el fiscal general y otros miembros de la cúpula de la Fiscalía el 13 de marzo de 2024, día en que se filtraron datos protegidos sobre González Amador. Sin embargo, ha asegurado que no conserva los mensajes, ya que los borró al dejar el Ministerio, siguiendo una "práctica habitual" al cambiar de terminal.
Esta admisión ha generado suspicacias dentro de la investigación, ya que otros altos cargos del Gobierno y la Fiscalía han reconocido haber eliminado información clave en otros escándalos recientes.
"No se me dieron explicaciones sobre qué hizo el fiscal general del Estado con los correos del novio de Díaz Ayuso que yo misma le envié", ha afirmado.
Una filtración bajo sospecha
El magistrado Ángel Hurtado, instructor del caso, investiga si Rodríguez, García Ortiz o Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, filtraron un correo clave enviado el 2 de febrero de 2024 por el abogado de González Amador a la Fiscalía.
Según la hipótesis judicial:
-Rodríguez pidió el expediente al fiscal Julián Salto.
-Lo remitió a García Ortiz.
-Dicho documento acabó publicado en medios afines al Gobierno.
Además, la Fiscalía del Tribunal Supremo sostiene que Rodríguez actuó con "premura" y que no puso ninguna objeción al contenido del comunicado oficial que se hizo público el 14 de marzo con información confidencial sobre González Amador.
"Si había urgencia en conseguir el expediente y para ello se sacó a un fiscal de un partido de fútbol, yo no lo cuestiono", ha declarado Rodríguez.
¿Quién ordenó la filtración?
Rodríguez ha intentado distanciarse de la estrategia de defensa del fiscal general y ha asegurado que nunca se concertó con nadie para realizar filtraciones. No obstante, sus declaraciones contradicen las afirmaciones de otros fiscales, como la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien aseguró haber advertido a Rodríguez de que los correos "serían filtrados".
"Pilar, los van a filtrar", le habría dicho Lastra, según su testimonio ante el Supremo.
Este punto refuerza la tesis del juez instructor, que apunta a que la Fiscalía pudo hacer un uso indebido de la información confidencial, primero para difundirla en prensa afín y, posteriormente, para trasladarla a Presidencia del Gobierno.
El papel del fiscal general
La declaración de Rodríguez se suma a la del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien también ha negado haber filtrado información sobre el caso González Amador. Sin embargo, su negativa se ha visto empañada por su decisión de no aportar su móvil a la investigación, un gesto que ha levantado sospechas.
El magistrado Hurtado considera que hay indicios suficientes para investigar el papel de García Ortiz, ya que fue él quien recibió los documentos confidenciales y tuvo acceso a la información que luego apareció en los medios.
"La Fiscalía envió el correo del novio de Ayuso a Presidencia", concluye el juez en su auto de imputación.
La investigación sobre la supuesta filtración de información confidencial desde la Fiscalía pone en entredicho la imparcialidad del Ministerio Público y su posible uso con fines políticos.
Mientras Pilar Rodríguez intenta desvincularse, la investigación apunta directamente al fiscal general del Estado y a la cúpula de la Fiscalía como posibles responsables de un caso que amenaza con socavar la credibilidad de la Justicia en España.
A medida que avanza el proceso, las pruebas documentales y los testimonios serán clave para determinar si hubo una filtración premeditada y quién dio la orden final. Lo que está claro es que la Fiscalía está en el ojo del huracán, y este escándalo podría traer consecuencias políticas y judiciales de gran calado.
