Feijóo califica de “gravísima” la operación para desacreditar a la UCO y exige responsabilidades

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado este lunes una de sus críticas más contundentes contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al acusarlo de haber promovido una operación para desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuerpo que investiga actualmente a Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente, así como al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

“En la España en la que yo creo, a la Guardia Civil se la respeta, no se la difama”, sentenció Feijóo en declaraciones al programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco.

Sus palabras hacen referencia a una información publicada por El Confidencial, según la cual una directiva de Correos, María Leire Díez, se habría reunido con un implicado en la trama de hidrocarburos investigada por la UCO, para obtener información comprometedora sobre el teniente coronel que dirige la investigación que sacude los cimientos del poder en Moncloa.

“Estamos en la decadencia más absoluta”

Feijóo, visiblemente indignado, denunció la gravedad de los hechos:

“Cuando un Gobierno protege a un fiscal que ha borrado pruebas y a la vez persigue a la Guardia Civil, algo ha fallado. Estamos en un momento de máxima dificultad democrática. Esta es la decadencia más absoluta”.

Y añadió una idea ya repetida en los últimos días por la dirección popular: la necesidad de un “corte quirúrgico” en la política nacional para abrir “una etapa nueva”, es decir, la convocatoria de elecciones generales como salida a una legislatura marcada por el deterioro ético e institucional.

Una “fontanera” y un teniente coronel: nombres propios en el epicentro del escándalo

La clave de esta nueva tormenta política es el nombre de Leire Díez, directora de Relaciones Institucionales en Correos y con vínculos históricos con el PSOE. Según la información desvelada, Díez habría ejercido de enlace informal —o “fontanera”— de Ferraz para obtener expedientes internos sobre investigadores de la Guardia Civil vinculados a los casos de corrupción que salpican al entorno del presidente del Gobierno.

El foco concreto está en el teniente coronel al frente de la investigación sobre el caso Koldo, el rescate de Air Europa y los presuntos delitos de tráfico de influencias, que afectan directamente a la familia de Pedro Sánchez. El intento de desacreditarlo, de confirmarse, supondría un atentado institucional de primer orden.

Reacción del PP: “Operación deliberada contra jueces y guardias civiles”

El PP ha reaccionado en bloque, con declaraciones de distintos dirigentes que acusan al PSOE de una “estrategia calculada” para minar las instituciones del Estado. La vicesecretaria de Educación del partido, Ester Muñoz, lo expresó sin ambages:

“Hay una operación calculada desde el PSOE para acabar con periodistas, jueces y guardias civiles que luchan contra su corrupción sistémica. Cuanto más se investiga, más se intensifican los ataques”.

El portavoz popular en el Congreso, Borja Sémper, también ha alzado la voz:

“La situación del Gobierno es insostenible. Su descomposición ética y política no solo daña al PSOE, daña al país. Y ahora va también contra la Guardia Civil”.

El PSOE se defiende: “Difamación interesada” y posible querella

Desde Ferraz, la respuesta ha sido inmediata. El PSOE ha emitido un comunicado oficial negando categóricamente la veracidad de las acusaciones. Califican la publicación de El Confidencial como “difamatoria”, y no descartan emprender acciones legales por lo que consideran una “maniobra interesada de la derecha para desgastar al Gobierno”.

“Ninguna de las personas citadas trabaja actualmente para el PSOE. Esta ofensiva mediática no es nueva y responde a una campaña orquestada por la derecha y la ultraderecha para atacar la credibilidad del Gobierno”, aseguran fuentes del partido.

En el comunicado, insisten en que “no existe ninguna operación institucional contra la UCO” y que las “conspiraciones” atribuidas al PSOE son “fabricadas para generar alarma social y justificar una escalada de confrontación”.

Ferraz vs. Génova: tensión institucional sin precedentes

En privado, en Génova no dan crédito a la defensa del PSOE. Consideran que “es imposible que una operación así no contara con el conocimiento o el visto bueno de Sánchez o de su núcleo duro”, en palabras de un dirigente nacional.

“Ni en Génova se puede montar una operación contra la Guardia Civil sin que lo sepa el presidente del partido. ¿Y en Ferraz sí? ¿En serio?”, ironizaba un alto cargo del PP en conversación con medios parlamentarios.

La tesis de los populares es clara: no se trata de un hecho aislado, sino de un patrón. Desde el caso Koldo, pasando por el rescate de Air Europa, hasta las conexiones de Begoña Gómez con empresarios beneficiados por contratos públicos, el PP sostiene que hay una red de protección institucional construida desde Moncloa para blindar al presidente y atacar a quienes investigan.

Este nuevo episodio llega cuando el Ejecutivo de Sánchez ya enfrenta una multiplicación de frentes judiciales, incluyendo:

• La imputación de Begoña Gómez por tráfico de influencias.

• El procesamiento de David Sánchez, hermano del presidente, por presunta prevaricación.

• Las investigaciones de la UCO en el caso Koldo y el rescate de Air Europa.

• La polémica por el borrado de pruebas del fiscal general del Estado, hoy cuestionado por el propio Tribunal Supremo.

Este contexto convierte el caso Leire Díez en una pieza más —pero determinante— en el puzle de descomposición institucional que denuncian desde la oposición.