Exigen que Begoña Gómez entregue su pasaporte para garantizar su comparecencia
La petición se produce después de que Gómez presentara un escrito solicitando la anulación de su citación judicial el próximo 18 de noviembre, ya que coincide con un viaje a Brasil para la cumbre del G-20. Las acusaciones consideran que su solicitud representa un intento de eludir la justicia y cuestionan la legitimidad de su viaje en calidad de acompañante del presidente.
Un viaje oficial polémico
El escrito de Gómez argumenta que su asistencia a la reunión del G-20 en Brasil, convocada para el 18 y 19 de noviembre, le impide acudir a su citación judicial en los juzgados de Plaza de Castilla. La invitación para asistir al evento fue extendida por la primera dama de Brasil, Janja Lula da Silva, y Moncloa ha confirmado su asistencia. No obstante, las acusaciones populares, representadas por grupos como Vox, Iustitia Europa, Hazte Oír y Manos Limpias, afirman que la invitación es de carácter personal y no oficial, dado que no existe un cargo institucional de "esposa del presidente del Gobierno" en el marco español.
Según el texto de las acusaciones, la petición de Gómez parece más una «comunicación de no asistencia» que una solicitud formal al juzgado, lo que interpretan como una muestra de desconsideración hacia el Poder Judicial y un intento de posicionarse por encima de los deberes legales de cualquier ciudadano español. La defensa de Gómez sostiene que su presencia no es necesaria en los juzgados, pues «su derecho de defensa está salvaguardado». Sin embargo, las acusaciones insisten en que debía haber recurrido la citación en el plazo legal y tachan de improcedente su solicitud de exención de comparecencia.
Medidas de control solicitadas
Las acusaciones populares han solicitado varias medidas preventivas contra Gómez. Entre ellas, destacan la retirada de su pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional, además de exigir que Gómez se presente quincenalmente en el juzgado. Estas solicitudes pretenden evitar lo que consideran un riesgo de obstrucción a la justicia y reiteración delictiva, dado que las actividades bajo investigación tienen relación con encuentros institucionales en los que Gómez, según las acusaciones, habría aprovechado su posición para beneficio personal.
Este caso sigue los pasos de otros investigados que, al solicitar permisos para salir del país, ven sus peticiones revisadas minuciosamente por el juzgado. Las acusaciones defienden que la esposa del presidente debería estar sujeta a los mismos procedimientos, argumentando que no debería recibir un trato especial.
Investigación y nuevos cargos
La investigación en curso contra Begoña Gómez se amplió a finales de octubre, cuando el juez Juan Carlos Peinado, del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, accedió a indagar en la denuncia interpuesta por Hazte Oír. Este grupo la acusa de presunta apropiación indebida e intrusismo profesional relacionado con el uso de un software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Anteriormente, en abril, Gómez fue imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, cargos que ahora se suman a las nuevas líneas de investigación autorizadas por la Audiencia Provincial de Madrid.
En cuanto al caso del software de la UCM, la investigación señala que Gómez habría utilizado programas informáticos de la universidad para fines personales o comerciales sin autorización, lo cual podría constituir un delito. Este hecho ha generado aún más controversia, pues recientemente desapareció la web de ese software en plena investigación judicial, un suceso que ha levantado sospechas y añade complejidad al caso.
Posibles implicaciones y reacciones
La situación de Begoña Gómez ha desatado una fuerte polémica en el ámbito judicial y político. Para las acusaciones, su solicitud de exención refleja, en palabras de un portavoz de Vox, «una falta de respeto al sistema judicial» y una actitud que «pone en riesgo la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley». Los penalistas consultados por The Objective subrayan que en España la figura de "esposa del presidente" no tiene estatus institucional ni confiere inmunidad o beneficios judiciales.
El caso está en manos del juez Peinado, quien deberá decidir si acepta el cambio de fecha solicitado por Gómez, si autoriza su viaje a Brasil o si, por el contrario, aplica las medidas de control solicitadas por las acusaciones.
