España traslada en vuelos comerciales a más de 19.000 inmigrantes con fondos públicos
El Gobierno de España ha destinado más de 6,1 millones de euros en apenas nueve meses para trasladar en aviones comerciales a más de 19.000 inmigrantes irregulares desde Canarias y otros puntos de llegada a distintos destinos de la Península. Así lo reflejan varias resoluciones de adjudicación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a las que ha tenido acceso Vozpópuli.
Todas las operaciones han sido tramitadas por la vía de emergencia, amparadas en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, lo que ha permitido evitar los procedimientos ordinarios de contratación, invocando la urgencia ante el repunte de llegadas a las costas españolas.
Contratos consecutivos con la ONG Accem
El primer gran contrato, por un importe de 2,95 millones de euros, se adjudicó en el primer trimestre de 2024 para el traslado de 9.240 personas. En los meses siguientes, entre abril y julio, el Ministerio firmó otro acuerdo por 1,9 millones para transportar a 5.940 inmigrantes. La secuencia se completó en julio con un tercer contrato por 1,26 millones, correspondiente al traslado de 3.960 personas durante los meses de agosto y septiembre.
En total, los tres contratos suman 6,12 millones de euros por el traslado de 19.140 inmigrantes, sin contar con los costes derivados de su acogida posterior en territorio peninsular. En los tres casos, la ONG Accem ha sido la entidad adjudicataria, consolidándose como actor principal en la gestión operativa de estas llegadas.
ONG como receptoras y coordinadoras del dispositivo
Una vez en la Península, los inmigrantes son recibidos por ONG previamente designadas por el Gobierno, que los alojan en albergues, hoteles, pisos turísticos, balnearios o instalaciones estatales, dependiendo de la disponibilidad en cada territorio. El modelo implica una externalización casi completa del dispositivo de acogida, con organizaciones privadas subvencionadas con fondos públicos asumiendo buena parte de la gestión.
Este sistema ha sido criticado por su opacidad y falta de coordinación con las comunidades autónomas receptoras. Algunas de ellas, especialmente gobernadas por el Partido Popular, han denunciado públicamente que la información sobre las llegadas les llega con retraso o incluso a través de las ONG antes que desde las delegaciones del Gobierno.
Según estas quejas, los avisos tardíos han impedido activar con antelación recursos sanitarios, educativos o de seguridad, generando problemas en la atención de los recién llegados. En algunos casos, las comunidades se han enterado de los traslados cuando los inmigrantes ya estaban alojados en sus territorios.
¿Emergencia estructural?
Aunque el Ejecutivo defiende la legalidad de estas decisiones alegando la presión migratoria sobre el archipiélago canario, la reiteración de contratos de emergencia desde octubre de 2023 pone en duda el carácter excepcional de las operaciones y plantea dudas sobre la existencia de una planificación estructural a medio y largo plazo.
A esto se suma la falta de control parlamentario sobre el gasto, la concentración de contratos en unas pocas ONG y la ausencia de convocatorias públicas, lo que ha suscitado críticas por parte de la oposición.
El Gobierno mantiene que su prioridad es evitar el colapso del sistema de acogida en Canarias, donde se han producido llegadas masivas en los últimos dos años, y garantizar el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, la falta de una estrategia pública clara y la gestión opaca del dispositivo de traslados han encendido el debate sobre el uso de fondos públicos y la transparencia institucional en la gestión migratoria.
España, a la cabeza del aumento de población inmigrante
Este debate se enmarca en un contexto más amplio: España es el país de la UE donde más ha crecido la población inmigrante desde 2017, según datos oficiales. A ello se suma el anuncio del Gobierno de una regularización extraordinaria de migrantes, apoyada por sus socios parlamentarios, lo que ha desatado un fuerte enfrentamiento político, con el Partido Popular y algunos líderes internacionales, como Elon Musk, criticando abiertamente la medida.
Con los Presupuestos aún pendientes y las tensiones internas en el Ejecutivo, la gestión de la inmigración se ha convertido en un tema central del debate político, con implicaciones tanto humanitarias como presupuestarias y de gobernabilidad territorial.
