Una empresa vinculada al 'caso Koldo', entra en concurso voluntario

El Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid ha declarado en concurso voluntario a la empresa Obras Públicas y Regadíos S.A. (OPR), una constructora señalada en la investigación judicial y policial sobre presunto tráfico de influencias y adjudicaciones irregulares en el entorno del Gobierno de Pedro Sánchez, según revela VozPopuli.

La resolución, inscrita este miércoles en el Registro Mercantil, confirma la insolvencia de OPR, que en 2023 llegó a tener cerca de 50 empleados y que estaba dirigida por José Antonio Tomás Palmer. Fundada en 2004 y con sede en el barrio madrileño de Chamberí, la compañía queda ahora bajo la supervisión de un administrador concursal designado por el juzgado, Miota & Alonso Asociados.

Relación con Koldo García y su exmujer

Informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vinculan a OPR con adjudicaciones supuestamente amañadas mediante la intermediación de Koldo García, exasesor del ministro de Fomento José Luis Ábalos, y persona próxima al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Según los investigadores, OPR estaría relacionada con pagos por más de 13.000 euros realizados entre 2022 y 2023 a Patricia Úriz, exmujer de Koldo, a través de la cantera granadina Áridos Anfersa, sin que conste actividad laboral prestada. Anfersa habría colaborado con OPR mediante una Unión Temporal de Empresas (UTE) en 2022, etapa en la que la constructora estaba administrada por Daniel y Antonio Fernández Menéndez, también vinculados a Construcciones Pérez Jiménez.

El exdirectivo de Acciona Fernando Merino, cuñado de los Fernández Menéndez, habría facilitado el contacto con Koldo entre 2018 y 2019. Desde entonces, el exasesor ministerial habría favorecido contratos millonarios para OPR y Construcciones Pérez Jiménez. La Guardia Civil estima que ambas compañías recibieron cerca de 10 millones de euros en adjudicaciones entre 2019 y 2021 en Asturias, Úbeda (Jaén) y Monforte (Lugo).

Conexión política en Andalucía

Antonio Fernández, conocido como Toño, mantiene lazos con Pedro Fernández, exalcalde de Baza y actual delegado del Gobierno en Andalucía. Fue su hombre de confianza y trabajó como asesor en infraestructuras de la Delegación del Gobierno entre 2021 y 2022.

Ante las investigaciones, Pedro Fernández ha declarado que “no sabía nada” de los hechos y ha negado cualquier relación con actividades ilícitas.