El Gobierno borra los datos de subvenciones a República Dominicana en plena investigación del caso Koldo

La medida coincide con la aparición de un escrito que apunta a presuntas cuentas bancarias en el país caribeño a nombre de ministros y dirigentes del PSOE, en el marco de la investigación del caso Koldo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al presidente de la República Dominicana, Danilo Medina. / RRSS
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al presidente de la República Dominicana, Danilo Medina. / RRSS

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) —dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores—, ha eliminado del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas la información relativa a los fondos destinados a República Dominicana en 2020. Según revela La Gaceta de la Iberosfera, esta acción ha generado controversia debido a su coincidencia con la aparición de un escrito dirigido al Tribunal Supremo, en el que se apunta a cinco ministros del Gobierno y altos dirigentes del PSOE como titulares de presuntas cuentas bancarias en bancos dominicanos.

Entre las subvenciones eliminadas destaca una partida de 610.000 euros, entregada entre febrero y junio de 2020 a la Fundación Inicia Educación, destinada supuestamente a fomentar la educación en República Dominicana. También se identifican otros 170.000 euros otorgados a la Fundación Dominicana de Ciegos, ambos casos caracterizados por la ausencia de contraprestación clara ni control público del destino de los fondos.

Fondos eliminados de los registros públicos

Según detalla La Gaceta de la Iberosfera, las ayudas canalizadas a través de la Aecid incluyeron, además, 187.753 euros destinados a la Fundación Solidaridad y 155.500 euros a la Asociación de Municipios de la región de Enriquillo. Estas subvenciones habrían sido aprobadas en un contexto de pandemia mundial, cuando los recursos públicos españoles estaban enfocados en la emergencia sanitaria. Sin embargo, la eliminación de los registros en la web de Hacienda, que ha sido detectada recientemente, ha levantado sospechas sobre una posible intención de ocultar información relevante vinculada a las investigaciones en curso por el caso Koldo.

El exdiputado Pablo Cambronero, quien recopiló los datos antes de su eliminación, denunció públicamente en noviembre de 2024, a través de la red social X (anteriormente Twitter), la falta de transparencia en la gestión de estas subvenciones. Según su análisis, estas ayudas carecían de un control riguroso sobre el uso y destino de los fondos.

Presuntas cuentas en República Dominicana

La eliminación de estos registros coincide con la publicación de un escrito remitido al Tribunal Supremo, en el que se acusa a varios altos cargos del Gobierno de mantener presuntas cuentas bancarias en República Dominicana. Entre los implicados figuran la exvicepresidenta y actual comisaria europea de Competencias, Teresa Ribera, así como los ministros:

  • María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
  • Óscar López, ministro de la Presidencia.
  • Ángel Víctor Torres, ministro de Políticas de Cohesión.
  • Pilar Alegría, ministra de Educación.

Asimismo, se señala a los dirigentes socialistas Santos Cerdán y Patxi López, quienes presuntamente mantendrían depósitos bancarios en el país caribeño, vinculados a operaciones financieras que aún no han sido esclarecidas.

La sombra del caso Koldo

El caso Koldo, que investiga presuntas comisiones ilegales en contratos públicos durante la pandemia, tiene en República Dominicana uno de sus escenarios clave. Según la Unidad Central Operativa (UCO), el país caribeño habría sido un nexo logístico y financiero para operaciones irregulares, incluyendo supuestos viajes en aviones oficiales Falcon, que fueron utilizados por miembros del Ejecutivo durante el año 2020.

Este contexto, sumado a la desaparición de los registros de las subvenciones, ha incrementado las sospechas de la oposición sobre un posible intento de borrar rastros de conexiones comprometedoras entre el Gobierno de Sánchez y las entidades dominicanas implicadas en la trama.

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