ESPAÑA

El Ejecutivo reduce la campaña contra la violencia de género pese a su discurso feminista

La principal campaña institucional contra la violencia de género verá reducido su presupuesto en 2026, según el Plan de Publicidad aprobado por el Consejo de Ministros
La ministra de Igualdad, Ana Redondo. / EP
La ministra de Igualdad, Ana Redondo. / EP

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado un recorte de más de 600.000 euros en la principal campaña institucional contra la violencia de género, pese a mantener su discurso de “feminismo de Estado” y situar la lucha contra la violencia machista como una prioridad transversal. Así lo refleja el Plan de Publicidad Institucional de 2026, aprobado esta semana por el Consejo de Ministros.

En concreto, la campaña de concienciación social contra las distintas formas de violencia contra las mujeres contará en 2026 con un presupuesto de 5,33 millones de euros, lo que supone 630.230 euros menos que los 5,96 millones destinados en 2025 para el mismo concepto.

La comparación entre ambos ejercicios evidencia no solo una reducción presupuestaria, sino también un recorte en el alcance de la campaña. En 2025, la iniciativa incluía difusión en televisión, radio, prensa, revistas, internet, exterior y salas de cine, y tenía como público objetivo tanto al conjunto de la población como a la infantil y juvenil. En 2026, el cine desaparece como soporte y ya no se menciona de forma específica a menores y jóvenes, considerados clave en las políticas de prevención.

El ajuste resulta especialmente llamativo porque el lenguaje oficial de la campaña apenas varía respecto al año anterior. El texto mantiene los mismos objetivos de sensibilización, concienciación, rechazo, identificación y denuncia de la violencia machista. Sin embargo, el compromiso económico se reduce de forma significativa.

Este recorte no se produce en un contexto de contención general del gasto en igualdad. El propio Plan de Publicidad Institucional de 2026 recoge otras campañas del Ministerio de Igualdad con dotaciones millonarias. La campaña por el Día Internacional de las Mujeres contará con 2,31 millones de euros, mientras que la dedicada a la trata de seres humanos y la abolición de la prostitución dispondrá de 2,02 millones. A ello se suma otra campaña, también dotada con 2,02 millones, centrada en las “masculinidades corresponsables”.

En total, el Ministerio de Igualdad movilizará más de 11,6 millones de euros en campañas institucionales durante 2026. Sin embargo, la principal acción específica contra la violencia de género es la única que pierde peso presupuestario respecto al año anterior, un hecho que ha empezado a generar incomodidad incluso en sectores tradicionalmente afines al discurso feminista del Ejecutivo.

Desde el Gobierno se evita hablar de recorte y se alude a una supuesta “optimización de recursos” y a la complementariedad entre campañas. No obstante, la reducción afecta precisamente al eje central del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, considerado históricamente el pilar del feminismo institucional.

El cambio de prioridades coincide con un momento políticamente delicado para el PSOE, que ha reforzado su apuesta por la agenda abolicionista tras los escándalos vinculados a los audios y los informes de la UCO sobre un entorno de prostitución normalizada en el círculo del exministro José Luis Ábalos. En este contexto, la entrada por primera vez de una campaña específica contra la prostitución con una fuerte inversión contrasta con el recorte en la campaña dirigida a la protección de las víctimas.

También resulta significativo que en 2025 se incluyera de forma explícita a la población infantil y juvenil, un aspecto que desaparece en 2026 sin explicación pública, pese a que el propio Ministerio de Igualdad ha defendido reiteradamente la educación temprana como herramienta clave para erradicar la violencia estructural contra las mujeres.

La decisión refuerza la percepción de que el denominado “Gobierno feminista” prioriza el impacto político y comunicativo de determinadas iniciativas frente a la continuidad y refuerzo de las políticas más consolidadas. Reducir en más de 600.000 euros la principal campaña contra la violencia de género no es un ajuste técnico menor, sino una decisión política que introduce una contradicción difícil de explicar en un contexto de persistente violencia contra las mujeres.

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