El Ejecutivo asume el coste del regreso de Colau y los activistas pro-Gaza: 8.000 euros del erario público

El Gobierno de Pedro Sánchez ha sufragado con fondos públicos los billetes de avión de los 21 españoles de la denominada flotilla pro-Gaza, entre los que se encuentran la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la activista Ana Alcalde —conocida como «Barbie Gaza»—, para su regreso desde Israel este domingo.

Según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores, la decisión se adoptó con el argumento de «agilizar su salida del país» tras ser detenidos por las autoridades israelíes por participar en una flotilla vinculada a grupos pro-Hamás. El coste aproximado de la operación asciende a 8.000 euros, financiados íntegramente con dinero público.

Un operativo oficial y polémico

El Ejecutivo de Sánchez envió un vuelo contratado por Exteriores desde Tel Aviv a Madrid para recoger a los activistas, un gesto que ha sido interpretado por amplios sectores políticos y diplomáticos como un nuevo movimiento ideológico del Gobierno hacia el alineamiento con la causa palestina.

Fuentes de Exteriores detallaron que «se ha negociado y facilitado el traslado de los españoles que voluntariamente lo han solicitado, ofreciendo plazas en el vuelo con billetes adquiridos por el propio Ministerio».

Entre los pasajeros se encuentran también Jordi Coronas, concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, y Juan Bordera, diputado autonómico de Compromís. El eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens, abogado de la flotilla, calificó la operación como «un gesto humanitario», mientras que fuentes diplomáticas israelíes la consideran una «maniobra política innecesaria» que tensa nuevamente las relaciones bilaterales.

Recibimiento oficial en Barajas

Los 21 activistas fueron recibidos en el aeropuerto de Barajas por la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, acompañada de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. García calificó a los miembros de la flotilla como «personas valientes que han sido secuestradas ilegalmente por Israel» y anunció que había desplazado a un equipo médico para evaluar «los posibles daños físicos o psicológicos que hayan podido sufrir».

Las declaraciones de la ministra, tachando de «secuestro ilegal» la actuación israelí, han sido vistas como una nueva provocación diplomática, especialmente después de que el propio Gobierno israelí calificara a los participantes de la flotilla como «provocadores vinculados a Hamás».

Israel acusa a los activistas de provocación

El Ministerio de Exteriores de Israel emitió un comunicado contundente en el que afirmaba: «Otros 29 provocadores de la flotilla Hamás-Sumud han sido deportados hoy desde Israel a España. Israel desea que todos los participantes sean expulsados cuanto antes, aunque algunos han preferido prolongar el proceso judicial».

El texto subraya además que «todos los derechos legales de los detenidos están garantizados» y acusa a los activistas de difundir «noticias falsas» sobre presuntos malos tratos en prisión. Las quejas de los españoles incluían la presencia de «chinches», «sillas duras» y «pintadas en las celdas», denuncias que el Gobierno israelí niega tajantemente.

Un uso cuestionado de dinero público

Diversas fuentes diplomáticas y parlamentarias han criticado la decisión del Ejecutivo por entender que el uso de recursos públicos para financiar el viaje de activistas implicados en acciones políticas internacionales supone un precedente grave. Desde la oposición se advierte de que este gesto puede ser considerado «un acto de propaganda ideológica pagado por los contribuyentes».

El Partido Popular y Vox han exigido explicaciones inmediatas en el Congreso, solicitando que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, detalle los criterios con los que se aprobó el gasto y si el Consejo de Ministros dio su autorización.

Fuentes del entorno diplomático aseguran que «no consta en los registros de Exteriores ningún precedente en el que el Gobierno haya sufragado vuelos de repatriación para activistas políticos implicados en incidentes con otros Estados».

Activistas en huelga de hambre

Mientras tanto, otros 22 miembros de la flotilla permanecen retenidos en Israel, seis de ellos españoles, y según sus propias declaraciones, en huelga de hambre. Tres pertenecen a Podemos: Lucía Muñoz, Serigne Mbayé y Alejandra Martínez. La flotilla ha destacado «la valentía de quienes ponen en riesgo su cuerpo frente a una injusticia», mientras las autoridades israelíes sostienen que «se trata de una maniobra mediática más de la organización».

Nueva crisis diplomática

La operación vuelve a colocar al Gobierno de Sánchez en el centro de la polémica internacional. La política exterior española acumula tensiones con Israel desde que el Ejecutivo reconoció unilateralmente el Estado palestino y varios ministros de su gabinete acusaran públicamente al Gobierno de Netanyahu de «crímenes de guerra».