La Junta de Fiscales de Sala emitió su veredicto este miércoles, concluyendo su posición en relación con la solicitud de apertura de una investigación penal derivada de la filtración de información confidencial concerniente al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la cual se originó desde dentro de la propia institución. La querella fue interpuesta por Alberto González Amador contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, siendo la Fiscalía la entidad encargada de decidir sobre su admisibilidad.

Paralelamente, el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) también instauró una querella, sin embargo, sin imputar responsabilidad específica a individuos concretos. Ambas acciones legales surgieron como consecuencia de una nota de prensa altamente controversial emitida por la Fiscalía de Madrid el 14 de marzo, en la cual se detallaban aspectos de la investigación relacionada con la pareja de Ayuso, vinculada a presuntos delitos de defraudación tributaria y falsificación documental, según reseña The Objective.

Se ha divulgado que González Amador propuso un acuerdo a la Fiscalía, el cual contemplaba una pena de ocho meses de prisión y el desembolso de aproximadamente 525.000 euros por dos delitos fiscales, en un intento por evitar un proceso judicial. Este documento se encuentra actualmente bajo análisis por parte de los fiscales de sala.

La Junta de Fiscales de Sala se reunió en presencia de la cúpula fiscal, tras la invocación del artículo 27 del Estatuto Orgánico por parte de la fiscal María de la O Silva, quien expresó su discrepancia con la orden emitida por la fiscal María Ángeles Sánchez Conde. Esta última, en su calidad de teniente fiscal del Supremo, solicitó verbalmente el rechazo de la querella, basándose en el principio jerárquico de unidad de actuación del Ministerio Fiscal. Del mismo modo, el fiscal encargado del otro proceso, proveniente del ICAM, ya había expresado su opinión de que no se había cometido delito, una postura compartida por Sánchez Conde.

Por otro lado, al abstenerse en este caso, corresponderá al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y en su defecto a su número 2, María Ángeles Sánchez Conde, presidir la Junta de Fiscales de Sala. Su postura no es vinculante para Sánchez Conde antes de establecer la posición definitiva, aunque fuentes fiscales sugieren que es poco probable que se desvíe del criterio mayoritario.

En una declaración institucional emitida el pasado 15 de abril, García Ortiz asumió la responsabilidad de la nota de prensa del 14 de marzo, asegurando que no permitirá que los fiscales sean perturbados por ejercer la acción penal ante posibles hechos delictivos, argumentando que la información divulgada era de dominio público debido a filtraciones indeseables.